Lectura No 29 : ¿Cambio de paradigma de desarrollo?

Por Jairo Morales Nieto*
Disertacion preparada para la Conferencia del Diálogo Latinoamericano. Universidad Javeriana, Bogotá, Julio 2017.

• Buenos días a toda la audiencia. Los saludo fraternalmente desde Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Antes de comenzar con mi ponencia debo agradecer a los organizadores del Diálogo Latinoamericano por la invitación que me han hecho para participar en este excepcional evento.
• ¿Cambio de paradigma de desarrollo? Este es el título de mi ponencia. Hay un escrito de 40 páginas sobre el tema que he entregado a los organizadores de la conferencia para su distribución.
• Dispongo solo de 30 minutos para su presentación, así que haré a continuación una gran sinopsis y un postcript que pienso captan los elementos y mensajes esenciales del documento y sus conclusiones.

Sinopsis

La unidad de análisis de este ensayo ha sido estructurada alrededor del concepto paradigma y su uso particularmente en economía y política de desarrollo. Nuestra exposición, además de escarbar en la superficie del significado etimológico y filosófico de la palabra paradigma y su empleo en las ciencias naturales y sociales, ha puesto su mayor foco de atención en el tema cambio de paradigma y en las causas y razones para que ello ocurra.

Siguiendo a filósofos clásicos, modernos y contemporáneos, hemos definido un paradigma como un ejemplo o modelo al lado de una realidad que una comunidad científica construye o configura en representación de una cosmovisión compartida por todos sus adherentes. Esa cosmovisión se fundamenta en valores, teorías y leyes, a partir de las cuales se innovan o perfeccionan métodos y técnicas de análisis que son parte de una tradición coherente de investigación científica referida a la experimentación, repetición, validación de hipótesis y predicción de eventos futuros.

Un cambio de paradigma usualmente es el producto de una revolución que reemplaza radicalmente una vieja forma de ver, entender e interpretar el mundo, por un nuevo marco conceptual, más vigoroso y sólido en cuanto a las teorías y leyes que inventa o descubre y a los métodos y prácticas de verificación, experimentación y predicción que emplea.

La transición de un viejo paradigma a uno nuevo es un proceso generalmente traumático. Ocurre en medio de una aguda crisis que evidencia la existencia de enormes fallas y anomalías en el marco teórico y metodológico del viejo paradigma que sus adherentes no son capaces de corregir, aun así intenten limar asperezas o eliminar cualquier aparente conflicto o contradicción frente a la fuerza avasalladora del paradigma remplazante.

Si bien la discusión sobre los conceptos paradigma y cambio de paradigma nace en el marco de la filosofía de las ciencias naturales, el uso de los dos conceptos rápidamente ha sido acogido por los cientistas sociales en diversas disciplinas, muy a pesar de las reticencias que siempre mostró a este respecto Thomas Kuhn, reconocido como el proponente original del concepto de cambio de paradigma, quien siempre circunscribió su uso enteramente al ámbito de la investigación científica pura.

La naturaleza polisémica de las ciencias sociales y el hecho de la imposibilidad que éstas advierten para adoptar los principios de predicción probabilística de eventos futuros y la demarcación entre la metafísica y el mundo real – que son connaturales a la investigación en las ciencias puras – hace inconcebible, nos dice la ortodoxia Kuhniana, la trasmutación del concepto paradigma hacia otros campos diferentes del trabajo científico natural.

Un magnifico puente de conexión para zanjar las dicotomías planteadas por Kuhn en la formación de conocimiento en las ciencias naturales y las ciencias sociales, lo estableció el físico y filósofo Karl Popper con específica referencia a la investigación científica económica de raigambre neoclásica positivista por el apego de esta disciplina al principio de la separación entre ciencia económica normativa y ciencia económica positiva y por su orientación hacia la predicción de eventos futuros mediante el uso de sofisticados modelos probabilísticos cuantitativos, que con el tiempo han evolucionado hacia la aparición de la econo-fisica y la Big Data, dos magníficos paradigmas de la sociedad de mercado post-moderna.

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Superado el impasse conceptual de Kuhn por la anticipada y oportuna intervención de salvaguardia ofrecida por Popper, hemos pasado sin reticencia en este ensayo al uso libre de los conceptos paradigma y cambio de paradigma en el campo de las ciencias económicas con particular interés en su empleo tanto en la teoría como en la práctica de la política de desarrollo.

Para ilustrar estos asuntos hemos definido y traído como ejemplo, la rivalidad entre dos magníficos paradigmas económicos según lo relata la historiografía especializada en este campo: uno es el clásico paradigma keynesiano (o paradigma de la economía pública) que gobernó la enseñanza y práctica económica desde los años de la Gran Depresión hasta el final de la Guerra Fría; el otro es el clásico paradigma friedmaniano (o paradigma de la teoría cuantitativa del dinero) que irrumpe con inusitada fuerza como contra-revolución keynesiana a mediados del siglo pasado y se erige al final como paradigma dominante en la interfase del viejo al nuevo milenio.

Ambos paradigmas en sus fundamentos teóricos y consecuencias macroeconómicas siguen vigentes en tanto la teoría clásica keynesiana aún ofrece hipótesis y respuestas válidas al problema del desempleo, mientras que la teoría clásica friedmaniana igualmente lo hace con respecto a los problemas de la inflación y/o estanflación. No obstante, se advierte ya cierto envejecimiento de ambos paradigmas como teorías y políticas económicas revolucionarias pues los temas centrales que abordan y las terapias que proponen para enfrentarlos, no representan hoy en día mayores desafíos para la administración macroeconómica de los ciclos y del proceso económico como tal.

Dicho de otra forma, ni el problema del desempleo ni tampoco el problema de la inflación se perciben como grandes males inmanejables u obstáculos insalvables para el manejo saludable de una economía de mercado contemporánea. De hecho, son muy pocos los países en el mundo que presentan tasas históricas de inflación y desempleo abierto de más de un digito, lo que demuestra que los dos fenómenos están razonablemente bajo control tanto en la teoría como en la práctica de la política económica.

Pero la discusión sobre el envejecimiento conceptual de ambos paradigmas no se queda allí. Hay que analizar la validez de las proposiciones de ambos paradigmas en materia de política de desarrollo. Se reconoce que el keynesianismo y el neoliberalismo tuvieron en su momento propuestas inteligentes para desatar procesos de crecimiento económico acelerado y zanjar diferencias de bienestar entre los países ricos y pobres y al interior de estos últimos, cada uno a su manera, desde luego.

No obstante, al final no pudieron resolver dos grandes contradicciones que afectan el bienestar de las naciones. Por un lado, la contradicción entre crecimiento económico y distribución del ingreso entre países y al interior de los mismos que solo ha sido tratada marginalmente por las dos escuelas de pensamiento siguiendo el postulado de los dividendos de la economía de bienestar por goteo (trickle down Economics), es decir, en el postulado de que los beneficios del crecimiento económico se distribuyen automáticamente a los pobres por la acción secular de la magia del mercado, la industrialización o modernización económica, ayudada quizás mediante intervenciones gubernamentales puntuales o focalizadas para evitar la exacerbación de la pobreza a niveles inmanejables.

Por otro lado, la contradicción que siempre establecieron y no resolvieron en torno a las relaciones entre las categorías ‘estado’ y ‘mercado’. Los unos clamando por la supremacía del estado y los otros por el fundamentalismo del mercado. Esta confrontación no tiene hoy en día mucha relevancia frente a lo que revela la historia económica contemporánea pues al final lo que ha prevalecido han sido las visiones y posiciones pragmáticas y eclécticas que dosifican la magnitud y proporción de la acción del estado o del mercado dependiendo de la coyuntura, proceso o ciclo económico (auge, recesión o depresión) que se vive en un momento determinado y, muy principalmente, dependiendo de las tradiciones institucionales y culturales con que cuentan los países para impulsar sus respectivos procesos de desarrollo económico.

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En nudo gordiano de hoy a nivel mundial, en línea con nuestro discurso, es la inequidad en la distribución de los beneficios del crecimiento económico y la sostenibilidad para que esos beneficios crezcan sin efectos negativos colaterales relevantes en cuanto a la perdida de la eficiencia económica en la generación del producto social a distribuir y al incremento acelerado de los daños y costos ambientales causados por un crecimiento económico incontrolable.

Para enfrentar esos nuevos desafíos, vale decir, crecimiento económico sostenible con equidad distributiva, ha emergido con gran ímpetu un nuevo paradigma de desarrollo, fundamentado en la conocida teoría del desarrollo humano sostenible, que aborda un conjunto de retos económicos, sociales y ambientales multi-dimensionales que los viejos paradigmas, neoclásico y neoliberal, no han sido capaces de enfrentar pues, simplemente, no fueron construidos originalmente para hacerlo. El padre conceptual de la teoría del desarrollo humano sostenible es el brillante filósofo y economista indio, Amartya Sen, heredero de la Cátedra de Economía Política de Edgeworth y Hicks en el Oxford College de Inglaterra, quien fue distinguido en 1998 con el premio Nobel de Economía.

Uno de los grandes méritos de la teoría del desarrollo humano sostenible, al lado de su visión humanista y la construcción del Índice de Desarrollo Humano para la medición y valoración del bienestar de los países en remplazo del Producto Interno Bruto como la única medida de progreso económico, ha sido sin lugar a dudas el logro de una convergencia y pacto mundial en torno a un catálogo de adversidades humanas y ambientales que hay que abatir todos juntos, países ricos y pobres en periodos determinados de tiempo mediante una participación equilibrada y armoniosa entre los poderes del estado, las fuerzas del mercado y la sociedad civil plus otras poderosas fuerzas que con el tiempo han aparecido. Más adelante volveré a esta discusión.

Un primer pacto se realizó en el año 2000 mirando hacia el 2015 tras los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Un segundo pacto recién se suscribió en el año 2015 con una visión hacia el 2030 en torno a los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible que es una agenda que abarca los objetivos y metas no alcanzadas del primer pacto más otros adicionales, más comprensivos e interconectados que los primeros en sus aspectos conceptuales y de implementación.

Este ensayo ha planteado que por el momento no hay necesidad de buscar o inventarse nuevos paradigmas de desarrollo diferentes al paradigma naciente del desarrollo humano sostenible. Las razones se encuentran en el hecho de que el nuevo paradigma dispone ya de: (i) una magnifica visión multi-dimensional del desarrollo centrada en la persona humana; (ii) una teoría axiológica basada en la promoción de valores y derechos humanos fundamentales; (iii) una teoría económica de bienestar que comprende valoraciones éticas, opciones y preferencias públicas e individuales y sistemas de medición; y, fundamentalmente, (iv) un pacto político universal para eliminar o reducir al mínimo las adversidades y miserias que afectan el bienestar y desarrollo de una proporción enorme de la población humana. Todos estos son elementos o factores fundamentales para hablar del nacimiento de un nuevo paradigma de desarrollo que remplace al paradigma neoliberal dominante.

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Ciertamente, no son todos los elementos y aún hay que hacer muchos refinamientos teóricos, políticos, estratégicos y metodológicos para que la teoría del desarrollo humano sostenible funcione como ejemplo o paradigma de desarrollo. Para lograrlo, la teoría del desarrollo humano sostenible tiene que:

Primero, depurar mucho más su concepción axiológica mediante la diferenciación entre valores fundamentales y valores transversales y las relaciones sistémicas entre unos y otros;

Segundo, definir con mayor claridad cuáles son las opciones fundamentales de economía política que habría que considerar para mejorar la generación, uso, distribución y apropiación de los recursos de la sociedad;

Tercero, asociar de manera sistémica los objetivos de desarrollo sostenible con los objetivos de la política económica estándar no solo en cuanto a los objetivos de estabilidad macroeconómica, equilibrio del sector externo y crecimiento económico sino a aquellos relacionados con el pleno empleo, la distribución del ingreso (personal, funcional y regional) y la calidad de vida y sostenibilidad ambiental; y,

Cuarto, relacionar la propuesta del pacto 2015-2030 de hacer un programa mundial de desarrollo sostenible con el diseño y promoción de estrategias holísticas de desarrollo humano sostenible en los ámbitos nacional y local que abarquen todo el espectro de temas discutidos arriba mediante el uso de apropiados enfoques hermenéuticos o metodológicos que sean transformadores de la realidades sociales adversas y que reduzcan los tiempos y costos del desarrollo humano.

En resumen, pienso que el trasiego por esta secuencia conceptual es la mejor forma de equipar al nuevo paradigma con una causación epistemológica en tanto incorpora una teoría de los valores sociales compartidos, una teoría filosófica de economía política sobre la propiedad acceso, distribución y uso de los bienes de la sociedad, una nueva teoría de la política económica de bienestar que introduce objetivos de distribución del ingreso y sostenibilidad ambiental y una teoría de la hermenéutica o método de hacer las cosas para transformar la realidad en corto tiempo y costo reducido.

Aquí, entonces, el concepto de estrategia holística de desarrollo humano sostenible adquiere particular relevancia pues es la pieza maestra que permite dotar al nuevo paradigma de la viabilidad y vitalidad requerida para que se convierta en paradigma de desarrollo dominante. Para lograrlo, la estrategia tiene que cumplir con al menos dos condicionalidades que las quiero resaltar en esta conferencia. Primero, la estrategia tiene que identificar un problema central a atacar alrededor del cual se debe hacer confluir de manera sinérgica todas las fuerzas, objetivos y enfoques transformadores a su alcance. Segundo, la estrategia para ser socialmente exitosa debe evitar a toda costa sacrificar el abordaje de la especificidad de los problemas a cuenta de enfoques omnicomprensivos o totalizantes. Eso sería un gran error de juicio. Veamos con más detalle las características principales de estas dos condicionalidades.

La primera condicionalidad sobre la identificación de un problema central la explico de la siguiente manera. Si para el paradigma keynesiano, el problema del desempleo fue la fuerza motriz de su contribución a la teoría y práctica de la política económica, y si para el paradigma friedmaniano, el problema nuclear fue la inflación, por analogía, para el nuevo paradigma del desarrollo humano sostenible, el problema de la inequidad en la distribución de los beneficios del crecimiento económico y su sostenibilidad se presenta como el gran desafío a enfrentar en la sociedad de mercado de hoy. Eso nos dice la comunidad científica de filósofos y economistas de status mundial que está trabajando este tema desde el punto de vista ético-normativo, teórico y político-económico. Nuestra propuesta es entonces erigir la cuestión de la equidad distributiva como el fin teleológico único de la estrategia que se propone, lo que significa que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se convierten por lógica normativa en medios instrumentales al servicio del objetivo teleológico único.

La segunda condicionalidad sobre la especificidad de la acción estratégica parte de la importancia de resaltar las dimensiones micro estructurales del desarrollo centradas en la personas de carne y hueso en el marco de sus realidades y necesidades existenciales, sociales, económicas y ambientales del aquí y el ahora y, no solo atender las realidades y necesidades macro estructurales de la sociedad como un todo como hasta ahora parece ser la tendencia dominante en la teoría y práctica de la política de desarrollo. Este planteamiento es plenamente coherente con la tesis central de la teoría del desarrollo humano sostenible que dice que ‘el centro de todo proceso de desarrollo es el ser humano’. Obviamente, los dos enfoques micro y macro son complementarios y no excluyentes y deben operar simultáneamente para alcanzar los objetivos de bienestar individual y general que se persiguen.

Con estas argumentaciones culmina esta sinopsis que, creo, abre un campo amplio de reflexión, análisis y debate para darle la bienvenida al nuevo paradigma de desarrollo naciente.

Postscript

En las discusiones iniciales que dieron origen a la agenda del Diálogo Latinoamericano en noviembre del 2016 formulé algunas sugerencias para perfeccionar el enfoque de este evento en su búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo. En esta sección final quisiera referirme a dos de ellas que considero son premisas fundacionales para el perfeccionamiento del paradigma del desarrollo humano sostenible en construcción. La primera premisa se remite a la necesidad de hacer una revalorización del concepto del bien común para erigirlo como objetivo teleológico o meta-político del desarrollo humano. La segunda premisa habla de la necesidad de una reinterpretación del enfoque clásico de las relaciones entre las categorías sociedad, estado y mercado en concordancia con las actuales tendencias de desarrollo de la sociedad del siglo XXI. Veamos a continuación los rasgos más resaltantes de estas dos premisas fundacionales del nuevo paradigma.

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Revalorización del concepto del bien común

Las constituciones políticas de las sociedades modernas desde siglos atrás hasta hoy proclaman el bien común como la esencia o razón de ser de su ordenamiento jurídico, político y económico y en consecuencia orientan la acción gubernamental y ciudadana hacia el logro de este fin fundacional clave para el mantenimiento de la paz, seguridad, convivencia y bienestar de la gentes como entidades individuales y colectivas.

El bien común es un fin ético supremo que exalta las virtudes del homo civicus sobre las del homo economicus, es decir, antepone la maximización del interés público frente a la maximización del interés privado. Hay que reconocer que el bien común es un ideal constitucional que se observa cada vez más lejano de alcanzar por la tendencia de las sociedades de mercado hacia el predominio casi absoluto del homo economicus sobre el homo civicus.

Esta diferenciación moderna entre lo economicus y lo civicus leída a la luz de la historia de la filosofía desentierra la maravillosa distinción que hacía Aristóteles (384-322 AC) en el Libro 1 de su Política entre los conceptos de crematística y oikonomía. Para Aristóteles, crematística se refiere al arte de hacer dinero por el dinero, esto es, acumular dinero para satisfacer fines egoístas o agiotistas en el corto plazo. Mientras que oikonomía, concierne al manejo de los recursos escasos para elevar el bienestar de los ciudadanos en el largo plazo. Para Aristóteles, la crematística es instrumental a la economía y no a la inversa.

Aquí, en el pensamiento filosófico aristotélico, ciertamente se encuentran excelentes bases éticas y morales para la re-edificación de la sociedad de mercado moderna que ha recaído en una profunda crisis fundacional (más allá de las crisis recurrentes que según Karl Marx son inherentes al funcionamiento del sistema capitalista) pues al final no se trata en sí mismo de meras fallas en los mecanismos del mercado y en las instituciones que los regulan y controlan, sino esencialmente en fallas éticas y morales de los líderes que tienen responsabilidades públicas y privadas en el manejo de una economía o negocio, independientemente de si operan en un sistema económico capitalista o comunista.

El paradigma naciente del desarrollo humano sostenible para instituirse como tal, debe entonces revalorizar el concepto del bien común, acaso buscando armonizar la acción del homo economicus y del homo civicus en el sentido de que ambos conceptos se entrelazan formando una unidad que se nutre tanto del interés individual como del interés público para maximizar el bienestar y felicidad de la sociedad como un todo.

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Reinterpretación del enfoque clásico de las relaciones entre las categorías sociedad-estado y mercado

Hoy es común hablar de sociedad, estado y mercado (S-E-M) como las tres categorías históricas más relevantes para caracterizar el desarrollo de la sociedad democrática moderna. Mi punto de vista es que ese enfoque tripartito fue prevalente y relevante para caracterizar y analizar la sociedad del siglo XX en su devenir de conflicto y negociación. Pero, ya no lo es para el nuevo milenio. En los comienzos del siglo XXI se hace evidente la emersión de dos nuevas fuerzas o categorías que entran en el juego de la dialéctica del desarrollo con bastante autonomía intrínseca y extrínseca dentro de la relación S-E-M.

Me refiero a las nuevas fuerzas de lo que denomino, por un lado, la fuerza de la naturaleza y, por otro, la fuerza de la cibernética. Son fuerzas que ya tienen personalidad histórica propia e independencia de las otras tres fuerzas convencionales que caracterizaron la dialéctica de la historia del siglo pasado.

La fuerza de la naturaleza (o, los recursos naturales del planeta, de ‘nuestra casa’ en el discurso del Papa Francisco) tiene su mejor caracterización en el cambio climático y los movimientos científicos, políticos, económicos y sociales que se han venido formando a su alrededor y también en la acelerada innovación tecnológica energético-ambiental que ya en sí misma conforma un nuevo sector de la economía.

La fuerza de la cibernética (información y tecnología) no necesita mucha presentación pues hoy todos la tenemos en nuestros bolsillos en forma de celulares, smartphones y tabletas que nos conectan con el mundo directamente y/o a través de redes sociales que están definiendo los rumbos de la sociedad post-moderna. La revolución cibernética ha configurado la economía del conocimiento o economía digital que como lo discutimos en este ensayo es un nuevo factor de producción que determina el poderío y potencial de la sociedad de mercado del presente y del futuro.

Así, entonces, de la relación triangular clásica de S-E-M hemos pasado ya a una relación poligonal con cinco ángulos, que a mi juicio son los que deben llevar a un análisis más profundo y complejo del funcionamiento del mundo en el Siglo XXI y sus interrelaciones de conflicto y equilibrio.

Ningún paradigma o modelo económico moderno tiene mucha validez y profundidad si no incorpora esas dos nuevas fuerzas históricas o dimensiones de análisis en su respectivo marco teórico y político, tenidas no como apéndices o consecuencias de la relación S-E-M sino como categorías independientes en el mundo de la interdependencia, que bien pueden definir la orientación del crecimiento económico, la calidad de la vida humana y el futuro del planeta como ya está ocurriendo.

Lectura 28: El Sí, preponderante histórico y generacional (II)

Por: Jairo Morales Nieto*
Articulo/Octubre 1, 2016
Especial para el Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

En la primera parte de este ensayo publicado por El Nuevo Siglo el 10 de septiembre pasado, ofrecí a los lectores mis argumentos para sustentar el Sí por los acuerdos de paz. La tesis que expuse es que el Sí es un preponderante histórico y generacional, al cual no le debemos dar la espalda. Las argumentaciones en torno a la proclama del preponderante histórico fueron expuestas prolijamente en el mencionado ensayo. Esta segunda parte está dedicada a explicar mi opción por el Sí como preponderante generacional.

Debo anticipar que este es un tema muy complejo en su abordaje y narrativa. Por eso, antes de entrar de lleno a su discusión, he considerado necesario hacer una breve introducción conceptual que me ayude a establecer una apropiada comunicación y conversación con el lector.

La estructura de este ensayo es como sigue. Comienzo con dos definiciones básicas sobre lo que es una generación. Paso luego a discutir el tema de las relaciones generacionales. A continuación observo la asociación entre los conceptos de generación, cambio social y consciencia generacional. Finalmente, a partir de todo este conocimiento, hago una interpretación de lo que denomino la dialéctica generacional de la paz que es el núcleo argumentativo central de este ensayo.

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¿Qué es una generación?

Esta pregunta tiene aquí dos respuestas: una lexicográfica y otra sociológica. La definición lexicográfica la tomo prestada del Diccionario de Oxford que nos dice que una generación la conforma gente que nace y vive en la misma época dentro de una misma familia o sociedad constituyéndose como un grupo de referencia por el tiempo hasta cuando este grupo se hace adulto, procrea o adopta sus propios hijos, es decir, da origen a una nueva generación o descendencia. El tiempo promedio entre una generación y la que le sigue puede oscilar entre 20 y 30 años dependiendo de la demografía del país o sociedad en cuestión.

La definición sociológica de una generación tiene su más reconocido origen en la teoría de las generaciones del sociólogo alemán Karl Mannheim (1893-1947), brillantemente expuesta en su clásico ensayo (traducción) “El problema sociológico de las generaciones” (1923). En palabras muy abreviadas, Mannheim define una generación como un grupo de individuos de edad similar que nace y vive en un mismo entorno geográfico y momento histórico de modo que sus miembros comparten similares valores, percepciones, preocupaciones y comportamientos derivados de un ambiente cultural y temporal común. Esta definición nos hace recordar la famosa frase de “yo soy yo y mi circunstancia” del célebre filosofo español José Ortega y Gasset escrita y pronunciada también en 1923, la cual hace alusión a la influencia que ejerce un entorno (físico y temporal) en un individuo como parte de un grupo generacional dado.

La distinción entre la definición lexicográfica y la sociológica es muy importante pues mientras la primera usualmente pone énfasis en la edad cronológica para diferenciar una generación de otra y resalta los aspectos biológicos del grupo generacional (por consanguinidad, vínculos familiares y relaciones entre padres e hijos), la definición sociológica de Mannheim no se fija mucho en establecer una línea divisoria estricta entre la edad de las generaciones sino que más bien las observa como unidades temporales en la historia que están ubicadas en un espacio geográfico y una estratificación social y entorno cultural determinado. Todos esos factores juntos le otorgan importantes elementos distintivos a una generación en particular.

Este ensayo se elabora acudiendo a ambas definiciones pero poniendo más atención al pensamiento sociológico del Karl Mannheim y a las corrientes de conocimiento que le han sucedido tanto desde la tradición sociológica germana como inglesa. Esta última tiene una excelente personificación en Jane Pilcher a partir de su brillante ensayo (traducción) “La sociología de las generaciones de Mannheim: un legado subvaluado” (1993) que actualiza y revalora la teoría de las generaciones de Mannheim desde la perspectiva histórico-estructural que es la que más nos interesa considerar aquí.

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Identidades y diferencias en las relaciones generacionales

De la definición y concepción sociológica de Mannheim se deriva que una generación tiene elementos comunes que la caracterizan y distinguen de otras. Una generación suele tener comunidad de comportamientos y similares experiencias formativas y educativas que las adquiere desde los primeros momentos de socialización en la familia y en la escuela. Estas experiencias y vivencias configuran un cierto sentido de identidad generacional común.

Pero una generación no es un todo homogéneo e indiferenciado ni en su interior y tampoco en sus relaciones con las otras generaciones. Hay obvias diferencias entre la generación de un padre y la de sus hijos. Aunque las diferencias generacionales no son muy visibles en la infancia, sí se manifiestan relevantes en la adolescencia y en el estado juvenil-adulto cuando el entorno externo tiende a predominar frente al de la familia.

Por otro lado, hay marcadas diferencias al interior de un mismo grupo generacional en razón a la estratificación social, status y poder de los individuos, lo cual hace que los miembros de una determinada generación tengan reacciones diferenciadas frente a los desafíos y amenazas del mundo exterior en el que viven.

La contemporaneidad cronológica es un atributo de una generación pero no es su mejor distintivo pues puede darse el caso de lo que Mannheim describe como “no contemporaneidad de los contemporáneos”, es decir, no necesariamente la gente que nace y vive en el mismo tiempo comparte la misma historia, experiencia y vivencia existencial; unos van más adelante y otros más atrás. Las razones para que ello ocurra son diversas: pueden provenir de las diferencias por la estratificación social, por vivencias y experiencias personales y familiares distintas, y/o por estados de consciencia o madurez distintos sobre la realidad social que los influencia para bien o para mal.

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Generaciones y cambio social

Las generaciones no son unidades sociales estáticas o inmutables en el tiempo. Están en permanente proceso de evolución bien sea por razones seculares (biológicas, sociales, económicas, culturales, ambientales y tecnológicas) que ocurren a lo largo del tiempo, o por efectos de procesos de cambio social estructural que se producen por la acción intencionada de intervenciones de naturaleza política y económica, principalmente, que inciden directamente en el comportamiento de los individuos y de las instituciones que los gobiernan.

Pero ¿Qué es el cambio social estructural y que lo produce? El concepto de cambio social es muy complejo y tiene muchas teorías e interpretaciones pues los cambios sociales tienen diversos orígenes, motivaciones, tiempos, velocidades, intensidades y profundidades.

En este escrito, un cambio social estructural se interpreta como un proceso de alteración, modificación o reemplazo deliberado de una estructura social en sus formas y normas de relaciones y funcionamiento. Las causas que ocasionan un cambio social estructural son múltiples y diversas de modo que se hace muy difícil determinar los factores incidentes, pues no existe un único factor determinante. Desde mi perspectiva (siguiendo a Douglas North y su teoría de cambio institucional), el cambio social se produce cuando existe una latente y evidente disfunción estructural entre el funcionamiento y progreso de una organización social y las instituciones (normas, valores, leyes, organizaciones) que la rigen. Por lo general, las sociedades evolucionan más rápido que las instituciones y, por ello, hay que modernizar muchas de esas instituciones y/o reemplazarlas para hacer una adecuación y armonización estructural de la sociedad como un todo.

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Consciencia generacional y cambio social

Sabemos que las generaciones desarrollan una consciencia distintiva que las identifica en sus actitudes y comportamientos frente a su entorno familiar y social. Pero no necesariamente esta consciencia corresponde a una ambición o propósito por producir un cambio en las instituciones que gobiernan o pautan su comportamiento social.

Una generación adquiere un rol distintivo frente al cambio social cuando logra un estado de consciencia de sí y para sí y cuando concreta un proyecto de cambio social generacional. Conciencia de sí significa identidad con los miembros de su propia generación en términos de visiones, lenguajes y estilos de vida compartidos. Consciencia para sí significa identidad de la generación con un proceso de cambio social que incide directamente en sus vidas en los términos que hemos expuesto de adecuación de las instituciones al proceso de modernización social. La existencia de una visión o proyecto de cambio social es fundamental para poder determinar el rol de una generación en la viabilización de las transformaciones o alteraciones sociales deseadas.

Quisiera ejemplificar este punto de la visión o proyecto de cambio social con el caso de la llamada “Primavera Árabe” que fue una linda emancipación espontánea de la juventud árabe contra las tiranías y gobiernos despóticos del Mediterráneo Africano y del Medio Oriente próximo. La Primavera Árabe comenzó en Túnez en el 2010 y se extendió rápidamente hacia Egipto, Libia, Siria, Yemen, Bahréin, Arabia Saudita y Jordania. Infortunadamente, este incipiente proceso de cambio estructural fracasó pues los impetuosos jóvenes no dispusieron de una organización social y política sólida y menos de una teoría de cambio social reflexiva y orientadora. Lograron a través de las redes sociales una reconocida consciencia del sí pero no construyeron una consciencia para sí. Un reciente libro de la periodista inglesa Rachel Aspden (traducción) “Generación, Revolución: en la frontera entre la tradición y el cambio en el Medio Oriente” (2016) da cuenta de la penosa historia de esta revolución generacional frustrada pues al final, según lo revela la autora con material biográfico de primera mano, muchos de los jóvenes lideres fueron alejados o absorbidos por las viejas élites de poder de modo que “se cambió todo para que todo siguiera igual” parafraseando de mi parte a Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su memorable novela El Gatopardo (1958).

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La dialéctica de la generación de paz

En el artículo anterior he planteado que con la firma de los acuerdos de paz en La Habana y su ratificación plebiscitaria se termina el ciclo dialéctico de la guerra y se da comienzo al ciclo dialéctico de la paz.

Mi impresión personal es que estamos en un excelente punto de partida para comenzar el ciclo dialéctico de la paz. La razón: desde los años del Caguán (1998) hasta hoy (2016), hemos presenciado el nacimiento de un fabuloso movimiento generacional por la paz sin precedentes en la historia política del país. En las calles, plazas y aulas, cientos de miles de jóvenes de centros de formación pública y privada y en los puestos de trabajo o con brazos caídos (sin mayores distingos de clase social, origen regional, sexo, credo político o religioso), han incorporado en sus agendas personales o grupales un capítulo existencial sobre la paz. Las jóvenes generaciones de hoy no han sido indiferentes a la guerra. La han rechazado de manera magistral sin ninguna expresión de violencia o beligerancia, vistiendo jeans, camisetas blancas, tenis, morrales y portando sus `Smartphones` como los más caracterizados símbolos de una generación globalizada, informal y cibernética que busca la paz y no la guerra para ser libre y feliz.

Sobre esta emancipación generacional de la paz me gustaría escribir mucho más en otra ocasión, pero lo que quiero resaltar aquí es que el ciclo dialéctico de la guerra prodigó en las jóvenes generaciones una maravillosa consciencia del sí como generación de paz. Ahora, con los acuerdos de paz, es el momento de configurar una consciencia para sí, que haga de las nuevas generaciones los actores más importantes en la construcción de la sociedad del futuro o lo que yo llamo la sociedad postconflicto.

Recordando la experiencia de la Primavera Árabe, la base para la formación de la consciencia para sí es la construcción de un libreto de cambio social para establecer una relación creativa e innovativa con la nueva historia política del país.

En mi libro ¿Qué es el postconflicto? he intentado descifrar los elementos principales de lo que considero fundamental para hacer esa nueva historia bajo el reconocimiento de que la fase postconflicto es acaso más estratégica y fundamental para la estabilidad global del país y el bienestar en el largo plazo que las mismas negociaciones y tratados de paz, de por si vitales y sine qua non. Pero ese libreto necesita una generación que se apropie de él y lo perfeccione; esa generación eres tú, joven votante reflexivo.

Lectura 27: El Sí, preponderante histórico y generacional (I)

Por: Jairo Morales Nieto*
Articulo/Septiembre 10, 2016
Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Los acuerdos de paz ya han dejado de ser una probabilidad para convertirse en un producto real y tangible. Enhorabuena para todos nosotros los colombianos de hoy y de mañana y agradecimientos a los negociadores de ambos lados de la mesa y a la entera comunidad mundial que ha apoyado de manera vigorosa y comprehensiva un largo y complejo proceso de negociaciones de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, para poner punto final a uno de los conflictos internos más largos y cruentos del mundo occidental.

Como es de dominio público, el gobierno someterá los acuerdos firmados a un plebiscito ciudadano a comienzos de octubre próximo, cuando los colombianos tendremos que optar por el Sí o por el No a lo pactado en la isla caribeña. Conocido ya el Acuerdo Final en todos sus detalles, quiero compartir con mis lectores, las razones por las cuales respaldo el Sí y en consecuencia votaré por esta opción.

La primera razón es la lógica de la dialéctica de la historia. La segunda razón es la lógica de la dialéctica de las generaciones. La tesis que resulta al combinar estas dos razones es que el Sí por los acuerdos de paz es un preponderante histórico y generacional al cual no le podemos dar la espalda.

Preponderante histórico, pues el Sí es una opción que nos sirve para romper el statu quo de la convivencia con la guerra en la que hemos estado atrapados todos los colombianos por décadas, sin excepción.

Preponderante generacional, pues es una opción real que tienen particularmente las generaciones jóvenes de votantes para pronunciarse y acabar de una vez por todas con una guerra que hasta ahora apenas hemos podido terminar sus padres y abuelos y que no tienen por qué heredarla.

El desarrollo de esta tesis y sus fundamentaciones es el Leitmotiv de este breve ensayo. Acudo al pensamiento filosófico hegeliano de la dialéctica pues creo que es el que mejor se acomoda a la interpretación del momento político actual y su desarrollo más reciente que describe una confrontación partidista, ideológica y publicista completamente irracional de unos bandos por el Sí y otros por el No dejando a un lado el interés nacional y el futuro de las jóvenes generaciones que es una prioridad existencial de la entera sociedad.

Este es el primero de dos artículos, el cual está dedicado a la dialéctica de la historia.En un segundo artículo a ser publicado en una próxima edición del El Nuevo Siglo abordaré el tema de la dialéctica de las generaciones y el rol de la juventud en los cambios que se avecinan ya resuelto el problema de la guerra con las Farc y ojalá pronto también con el Eln.

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¿Qué es la dialéctica?

Pienso que es difícil encontrar un mejor concepto filosófico que aquel conocido como ‘dialéctica hegeliana’ para explicar la historia reciente de las contradicciones entre la guerra y la paz en Colombia.

Se trata del método concebido por el gran pensador modernista alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), descrito en su magnum opus “Fenomenología del Espíritu”. El método dialéctico, en su acepción concisa, nos dice que a una argumentación (denominada tesis), le sigue una contra-argumentación (denominada antítesis) para culminar juntas en una conciliación argumentativa superior (denominada síntesis). Ahondando un poco más, la tesis es una argumentación positiva; la antítesis niega la tesis; la síntesis es una argumentación final que niega la tesis y la antítesis, y las remplaza por una nueva argumentación máxima. Un aspecto muy importante es que la síntesis se nutre de las contradicciones internas existentes entre la tesis y la antítesis para fundamentarse y enriquecerse a sí misma y, a partir de allí, culminar y generar un nuevo ciclo dialéctico.

Hegel entiende entonces la dialéctica como un proceso de causación progresiva, no lineal, que se mueve entre lo finito (contradicciones que se acaban) e infinito (nuevas contradicciones que nacen).

Pero claro, la dialéctica no siempre termina en resultados positivos. Puede concluir en una síntesis negativa que hace que la síntesis dialéctica hegeliana en lugar de progresar, colapse, enredada en sus propias contradicciones internas reales. Esa es una gran contribución que hace el magistral filósofo alemán Theodor Adorno (1903-69) de la Escuela de Frankfurt cuando habla de la ‘dialéctica negativa’ (o imaginación dialéctica, pues la realidad no nos es totalmente transparente), concepto que nos va a hacer muy útil luego, cuando entremos más en materia de la dialéctica aplicada al caso colombiano.

El método filosófico de la dialéctica hegeliana ha sido utilizado en muchos campos del conocimiento científico tanto del lado de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Ha sido hilo conductor del análisis histórico y político de prominentes pensadores y autores cuando analizan las luchas por el poder político, las contiendas revolucionarias y el progreso o rezago de las sociedades en su devenir histórico. Me apego a este método de análisis, obviamente sin dogmatismos ni determinismos, para hacer una primera incursión en la interpretación de la guerra y la paz en Colombia que le sea útil a aquellos jóvenes lectores reflexivos que quisieran votar a conciencia guiados por las enseñanzas de la historia sin ataduras ideológicas o imposiciones políticas como la mejor expresión de la libertad de pensamiento y auto-determinación de la era de la modernidad o, si se quiere, post- modernidad en que vivimos.

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¿Qué nos dice la dialéctica de la historia?

Colombia acumula casi seis décadas ininterrumpidas de guerra insurreccional armada desde el surgimiento de las Farc y el Eln a comienzos de la década de los años sesenta en los albores de la Revolución Cubana y en los inicios del periodo temprano del Frente Nacional que marca el fin de la guerra fratricida entre liberales y conservadores (con un saldo de 300 mil muertos) sobre la base de una coalición bi-partidista de repartición del poder político y burocrático que se extendió por diez y seis años (1958-1974), sin inclusión política alguna de sus contradictores.

La guerra en Colombia ha sido persistente pero también las tentativas de paz por parte de muchos gobiernos que sucedieron a la culminación del Frente Nacional. En rigor, lo que de aquí en adelante llamaremos la dialéctica de la historia de la guerra y la paz en Colombia comienza con los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2002), Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), que vistos juntos desde la perspectiva panorámica de un ave en vuelo, todos los tres gobiernos forman una continuidad de la acción del estado y la sociedad en el anhelo nacional por la paz aun así cada uno haya privilegiado diferentes enfoques y métodos políticos y militares en la búsqueda de una solución final.

Aplicando el método de la dialéctica hegeliana expuesto arriba, me aproximo a la realidad diciendo que el gobierno de Pastrana planteó una tesis positiva (negociación con cese bilateral del fuego); el gobierno de Uribe negó la tesis y propuso una antítesis (no negociación, guerra frontal); y, finalmente, el gobierno de Santos plantea una síntesis (negociación en medio de la guerra).

Todos estos tres gobiernos tuvieron muchas contradicciones en el manejo de sus enfoques y argumentaciones, pero podríamos decir que la síntesis buscada por el gobierno de Santos no se hubiese podido plantear y desarrollar hasta donde ha llegado sin aprovecharse de las contradicciones inherentes a la tesis pacifista de Pastrana y a la antítesis militarista de Uribe. Ahí se encuentra la magia del pensamiento hegeliano. Sin la ruptura de las negociaciones del Caguán de Pastrana, la construcción de la antítesis militarista victoriosa de Uribe no hubiese sido posible; y, sin la nueva correlación de poder militar lograda por Pastrana y Uribe, hubiese sido prácticamente imposible sentar a las Farc en una mesa de negociaciones como lo ha hecho Santos. Esa misma dialéctica es válida tanto para los tres gobiernos mencionados como para las sucesivas comandancias de las Farc y Eln en el manejo de sus propias contradicciones internas y realidades externas.

En suma, los unos se deben a los otros y no es concebible la síntesis buscada por Santos, sin la historia y lecciones de la tesis de Pastrana y sin la historia y lecciones de la antítesis de Uribe. Tampoco es concebible la síntesis sin el entendimiento y reconocimiento de las Farc (y espero también del Eln) en cuanto al fin del ciclo dialéctico de la historia de la guerra y la necesidad de optar por una sensata estrategia de sobrevivencia política acorde con los preponderantes de los nuevos tiempos y la apertura generosa ofrecida por la sociedad democrática.

Con todo ello quiero decir junto a otros autores que la paz no tiene dueños sean estos, gobiernos o actores personalizados. La paz le pertenece al pueblo colombiano que les ha otorgado a los tres gobiernos el mandato de hacerla y le ha tendido la mano magnánima y altamente concesional a las Farc y Eln para que desistan de la guerra.

Pero volviendo a Adorno, la dialéctica de paz aún no está finalizada y aún existe el riesgo verosímil de una dialéctica negativa o una paz fallida por la fuerza de las contradicciones internas heredadas de los que en su momento defendían (y aún defienden) la tesis y la antítesis del presente ciclo dialéctico abogando por su prolongación indefinida, lo cual seria, a mi juicio, el peor desenlace para la estabilidad política del país y el bienestar de todos los colombianos de hoy y de mañana. Seria perder tontamente un ‘momentum politicus’ irrepetible que nos ofrece la fuerza de la historia.

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Confesiones personales

Quiero terminar este primer escrito dedicado al Sí por la paz como preponderante histórico revelándoles a mis lectores dos confesiones personales que guían mi decisión por esta opción.

Primera confesión. Del Acuerdo Final, muchos temas me convencen y otros menos como es obvio; pero teniendo en consideración; (i) la duración del ciclo dialéctico: diez y ocho años; (ii) la duración del actual proceso de negociaciones: cuatro años; (iii) el enfoque inteligente, serio y responsable dado por los negociadores y asesores (de ambos lados) al mandato nacional por la paz; (iv) el hecho de que se ha tenido muy en cuenta la voz y el sentimiento de reconciliación de las propias víctimas; y, (v) la entrada en vigencia del cese del fuego bilateral y definitivo, pienso entonces que todos los elementos principales (objetivos y subjetivos) están dados para apoyar el Sí por los acuerdos de paz, aun así no satisfagan plenamente nuestras expectativas y deseos en muchos temas y materias.

En este contexto, acojo plenamente la reflexión sensata y sincera del expresidente español Felipe González cuando valoraba el acuerdo del cese al fuego bilateral y definitivo. Decía entonces: “No hay, no puede haber, acuerdos “perfectos” porque no serían acuerdos. Los hay posibles e imposibles. Y este es posible, el mejor de los posibles, aunque cada uno tenga derecho a pensar en que lo hubiera hecho mejor” (El País, 22 junio 2016).

Segunda confesión. En este momento importante de la construcción de la nueva historia política del país quiero ser lógico y realista para sustentar mi voto por el Sí a los acuerdos de paz.

Mi lógica proviene de la noción Rawlsiana de la ‘razón pública’ que nos dice que “el sujeto de la razón ciudadana es el bien del público”. Siguiendo a Rawls, la paz como bien público (o bien meritorio que no tiene precio) es entonces la lógica de mi razón como ciudadano, así que ésta debe ser mi opción.

Mi realismo proviene de la noción germana de la ‘Realpolitik’, es decir, aquella política que se basa en los hechos, circunstancias y necesidades reales del país antes que en consideraciones ideológicas, intereses personales o partidistas de una organización política o grupo de presión. Para mí, lo real es la fantástica oportunidad que nos ofrece la historia para pactar la paz y hacer todos juntos los cambios necesarios para corregir muchos defectos y distorsiones de nuestra sociedad, estado y mercado en el marco de ideales y valores compartidos y respeto a nuestras diferencias.

Lectura 26: Ética y pedagogía de paz (III)

Por: Jairo Morales Nieto*
Artículo/ Juio 17, 2016
Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Sudádrica

¿Cómo comunicar la nueva ética de paz?

Antes de abordar este tema quiero hacer una breve recapitulación de la discusión sostenida en los dos artículos previos sobre “Ética y pedagogía de paz” toda vez que se trata de una trilogía de escritos que comparten la misma unidad argumentativa.

En el primer artículo ¿Por qué ética? publicado el 6 de junio, la discusión giraba en torno a la enorme importancia de la moral filosófica o ética como portal de primerísima clase para dejar atrás la cultura de la violencia y para comenzar la conceptualización del marco ético-normativo de la sociedad postconflicto.

En el segundo artículo ¿Cuál ética? publicado el 3 de julio pasado, hacía un honesto reconocimiento de no tener respuesta propia a esta pregunta pero puntualizaba que sabía dónde y cómo encontrarla. La tesis que sostenía entonces y lo hago ahora también es que los colombianos tenemos una ética de paz heredada de nuestros antepasados y, en consecuencia, lo que tenemos que hacer en la era postconflicto es redescubrir los valores que fueron destronados y adormecidos por la cultura de la violencia imperante y poner ese sistema de valores al servicio de la paz. En este sentido, hablar de ‘nueva’ ética es solo un recurso narrativo.

El desarrollo de esta tesis dio origen a una propuesta concreta para redescubrir nuestros valores de paz. Se trata de la realización de una gran encuesta nacional que nos ayude, por un lado, a identificar el mundo axiológico (valores) que la sociedad colombiana desea tener en reemplazo de la cultura de la violencia imperante; y, por otro, a definir el marco ético-normativo de la estrategia postconflicto como eje de la transición hacia la paz y desarrollo. Los detalles principales de la gran encuesta nacional de valores fueron expuestos en el segundo artículo.

Ahora, en este tercer artículo, es buen momento para preguntarse: ¿Cómo comunicar y socializar los resultados de la gran encuesta nacional de valores de manera que sirvan para alcanzar los objetivos enunciados? Este es el tema central de este último escrito de la trilogía sobre ética y pedagogía de paz que pongo a consideración de mis lectores.

El reto comunicacional de la divulgación de la nueva ética de paz lo enfrento desde tres ángulos de enfoque: (i) como intercambio de información de los resultados de la gran encuesta con un público masivo a escala nacional y local; (ii) como teoría o pedagogía de la enseñanza de valores de paz dirigida a audiencias en proceso de aprendizaje congregadas en escuelas, colegios, universidades y centros de formación técnica y vocacional; y, (iii) como cátedra de paz o teoría de la normatividad pública dirigida a interlocutores que tienen roles y funciones en la administración de la esfera pública.

Veamos a continuación con mayor detalle de que tratan estos procedimientos o momentos comunicacionales.

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Comunicación como intercambio de información sobre valores de paz

Los resultados de la gran encuesta nacional de valores deben ser analizados y organizados cuidadosamente para su divulgación masiva buscando que lleguen a los individuos, hogares, vecindarios y lugares de trabajo a todo lo largo y ancho del país.

Para asegurar una alta cobertura y penetración de la información es necesario realizar una cuidadosa diferenciación en la entrega de resultados por regiones, áreas urbanas y rurales y por categorías socio-demográficas. El modelo de mapas culturales creado por Inglehart-Welzel para la Encuesta Mundial de Valores (World Value Survey) – mencionado en el anterior ensayo – ofrece una excelente referencia para representar visualmente los resultados de la encuesta nacional de valores y para observar las variaciones regionales según las diversas categorías de análisis que se proponen.

La idea que guía el intercambio de información con amplias audiencias nacionales y locales es contribuir a la formación de una sociedad reflexiva y pensante en torno al sistema de valores de paz que los colombianos quisiéramos profesar y cultivar en la era postconflicto. La entrega de información debe hacerse a través de medios impresos (prensa escrita), audio-visuales (radio y televisión), digitales (Internet) y, fundamentalmente, mediante el empleo de modalidades presenciales (foros, paneles, conversatorios, conferencias) que permitan hacer una interacción dinámica en tiempo real con las audiencias locales y nacionales.

Ya nos podemos imaginar acerca del importantísimo rol que la comunidad académica (docentes e investigadores) de todo el país está llamada a jugar en la producción, análisis y socialización de la información arrojada por la gran encuesta nacional de valores. Los resultados de la encuesta ofrecen un gran menú de temas a ser estudiados, analizados y divulgados por académicos e investigadores de todas las disciplinas de las ciencias sociales y naturales para que desde sus diversos ángulos de enfoque contribuyan en el diseño de la sociedad postconflicto.

Obviamente, la comunidad académica debe contar con adecuados apoyos institucionales y financieros para realizar su función analítica y divulgativa sin mayores sobresaltos. Pienso que estos dos requisitos se pueden satisfacer fácilmente a la luz de dos circunstancias muy importantes. Una primera circunstancia es el apoyo institucional que proviene de la Ley 1732, Decreto 1038, la cual establece la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país. La segunda circunstancia es el apoyo financiero que puede provenir del Fondo Fiduciario para la Paz creado por el gobierno para el postconflicto con fuentes de recursos nacionales e internacionales.

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Comunicación como pedagogía de paz

Los resultados de la gran encuesta de valores de paz deben llegar a todas las audiencias en proceso de aprendizaje congregadas en las escuelas primarias, secundarias, terciarias y otros centros de formación técnica y vocacional, incluídos, desde luego, los centros de reclusión o privación de la libertad.

El objetivo de la pedagogía de paz como proceso de aprendizaje es doble. Por un lado, hay que mantener viva la memoria del pasado para no repetir la historia de la tragedia de la guerra, nunca jamás. Por otro lado, hay que reemplazar la cultura de la violencia por un nuevo sistema de signos, símbolos y lenguajes (o nueva semiología de paz) que orienten las visiones y guíen las conductas y comportamientos de los ciudadanos de hoy y del futuro.

El tema de la memoria ha sigo magistralmente abordado por el Centro de Memoria Histórica de Colombia en su informe ¡Basta ya! (2014). Su divulgación ocurre a través del Proyecto de Caja de Herramientas conocido como: “Un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz y desaprender la guerra”. Es una guía pedagógica dirigida a docentes y escolares para ‘la construcción de la paz y desnaturalización de la guerra’, según lo conciben los autores de la misma.

El tema del reemplazo de la cultura de la violencia por una nueva semiología de paz tiene su punto de inflexión en el redescubrimiento de los valores y virtudes de nuestra sociedad a través de la gran encuesta nacional de valores que debe arrojar resultados para la visualización de un futuro pacífico y feliz para todos.

Así, memoria histórica (el pasado) y ética prospectiva (el futuro) son dos conceptos que siempre deben tratarse juntos pues son el envés y el revés de la misma moneda, o como bien sentenciaba el inolvidable escritor Inglés Lewis Carroll “es pobre aquella memoria que solo trabaja para atrás” (traducción propia).

La comunicación de los resultados de la encuesta como pedagogía de paz debe adquirir necesariamente una forma curricular a ser enriquecida con las propias experiencias, vivencias y realidades de docentes y alumnos de modo que cada centro educativo pueda derivar sus propios códigos de conducta y comportamiento para contribuir a la paz dentro y fuera de las aulas de clase. Mucho de esto me hace recordar las enseñanzas de Paulo Freire, el magnífico pedagogo de Recife, Brasil, cuando sentenciaba que “todo proceso educativo debe partir de la realidad que rodea a cada individuo”. Claro que las experiencias internacionales no sobran y son importantes conocerlas pero no hay mejor pedagogía que la que se aprende de los propios errores para no repetirlos.

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Comunicación como cátedra de paz

La cátedra de paz la defino aquí en este escrito como la teoría y praxis de la normatividad ciudadana para la paz que establece las acciones que una sociedad considera buenas y apropiadas para regular la conducta y el comportamiento ciudadano y orientar la sinergia social hacia el bienestar y desarrollo de la población en general.

La encuesta nacional de valores nos provee de información excepcional sobre lo que todos los colombianos quisiéramos ver reflejado en las normas y políticas que son buenas para nuestra convivencia en paz y el bienestar social. Por ello, las principales audiencias de la cátedra de paz deben ser el gobierno y las élites de poder político y económico que tienen la responsabilidad de la administración sana y transparente de la esfera pública y de la sociedad de mercado como tal.

La adopción y diseminación de la nueva ética normativa de paz puede hacerse por diversos medios y canales. A mi juicio, el medio más indicado sería la propia estrategia postconflicto que el gobierno tendría que concebir y diseñar para llevar a la práctica los acuerdos de paz firmados en La Habana, Cuba.

En mi libro: ¿Qué es el postconflicto?** he realizado una exposición bastante detallada de las características que a mi juicio debe poseer la estrategia postconflicto en Colombia como proceso de transformación axiológica, semiótica y social integral. Se trata de un conjunto de intervenciones públicas orientadas a producir grandes cambios en el ordenamiento, funcionamiento y comportamiento de la sociedad, economía y estado para atacar de raíz los factores histórico-estructurales que dieron origen al conflicto armado y otros fenómenos que con el tiempo se han asociados a la violencia secular de los pasados sesenta años.

Haciendo una conexión del enfoque del libro con el planteamiento de que la estrategia postconflicto debe ser en esencia la cátedra de paz para Colombia, pienso que un buen punto de partida para hacer esto posible, es la realización de un ‘contrato social’ en todos los territorios y municipios de paz en el país. El contrato social se forma a partir de un consenso fundamental por la paz expresado en cinco acuerdos éticos básicos:

Primero, expresión explícita de la voluntad política de todos los macro actores locales (poderes públicos, poderes económicos y sociedad civil) por la reconciliación y la paz;
Segundo, renuncia explícita a todos los métodos o formas violentas para imponer objetivos e ideologías cualquiera sea su naturaleza y justificación;
Tercero, aceptación y adopción de métodos democráticos de convivencia y solución de conflictos y plena observancia de las leyes del estado social de derecho que nos rigen;
Cuarto, responsabilidad por el bienestar de las poblaciones más marginadas, vulneradas y vulnerables para que se integren y sirvan a la sociedad con uso pleno de sus derechos y responsabilidades;
Quinto, compromiso individual y colectivo en cuanto a la atención, prevención y protección de todos los niños, niñas y adolescentes residentes en el municipio, haciendo mínimos los riesgos de desarrollo, por ejemplo, por la acción de las bandas criminales.

El consenso fundamental y sus acuerdos son la máxima expresión de la ética aplicada que debe contener cualquier estrategia de paz como política pública. De esta forma se crean las garantías éticas fundamentales para hacer sostenible y duradero el proceso de paz.

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Con este escrito doy por finalizada la serie de tres artículos sobre ‘Ética y pedagogía de paz’ que he querido escribir para rendir tributo a las negociaciones de paz que ya están dando frutos concretos a la luz de la firma del “Acuerdo para el Cese al Fuego y de Hostilidades, Bilateral y Definitivo” realizada el 22 de junio de 2016 en La Habana, Cuba, que junto con el acuerdo final que se aproxima los percibo como los mayores actos éticos de los colombianos en los inicios del siglo XXI.

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Junio 2016. jairo@inafcon.com.

**Jairo Morales Nieto ¿Qué es el postconflicto? Ediciones B. Segunda Edición. Bogotá, Marzo 2016.

Lectura 25: Ética y pedagogía de paz (II)

Por: Jairo Morales Nieto*
Articulo/ Julio 3, 2016
Especial para el Diario El Nuevo Siglo.
Ciudad del Cabo, Sudáfrica

¿Cuál ética?

Esta pregunta sucede a una primera discusión que inauguré en un artículo publicado por El Nuevo Siglo en la edición del 6 de junio pasado. El tema central giraba alrededor de la importancia de la moral filosófica o la ética como portal de entrada para la configuración colectiva de la sociedad postconflicto.

Pienso que mis argumentos fueron convincentes, pero un lector perspicaz me puede interpelar con la obvia pregunta: ¿De cuál ética se está hablando? Es una vieja y conspicua pregunta que ha estado en el corazón del debate no solo de los filósofos de todos los tiempos, escuelas y lugares sino también de los teóricos modernos de la economía del bienestar (desde Myrdal, Hirschman, Sen, Atkinson, Stiglitz hasta Piketty) cuando abordan y discuten problemas de naturaleza normativa, es decir, del deber ser de las cosas para alcanzar la felicidad y el bienestar de la sociedad como totalidad y como entidad individual.

No es este el lugar, desde luego, ni tampoco es mi intención realizar discusión alguna orientada a sentar cátedra sobre algún enfoque moral filosófico de mi gusto y devoción. Creo que esta tentativa seria fútil y banal pues de entrada negaría el principio de la reflexión colectiva que estoy proponiendo para delinear las bases éticas de la sociedad postconflicto.

A mi lector le diría, entonces, lo siento pero no tengo respuesta a esa pregunta; sé que existe una respuesta, pero todos los colombianos tenemos que encontrarla o descubrirla allí donde esté. Siguiendo la fascinante noción Hirschmaniana de las ‘racionalidades ocultas’ creo, además, que en alguna u otra forma todos los colombianos como personas individuales sabemos o intuimos cuál debe ser el marco ético normativo deseado, pero aún no lo hemos expresado o podido expresar como sociedad reflexiva y pensante pues la guerra y su peculiar patología no nos ha dejado espacio ni tiempo para imaginarnos cómo debería ser nuestra vida sin guerra y con goce de paz.

Razonando con mi usual optimismo, pienso que si algún saldo positivo nos deja la sexagenaria guerra a los colombianos es que todos sabemos en mayor o menor grado qué es lo que no queremos revivir y repetir luego de tantos años de barbarie y desolación. Sabemos qué desechar; pero lo que aún no parece muy nítido es el mundo de valores que quisiéramos acoger como sociedad para alcanzar un futuro pacífico y civilizado.

Este es el tema de este escrito que en síntesis tiene que ver con el qué hacer y cómo hacerlo para re-encontrar todos juntos los principios éticos que fundamenten la nueva sociedad. En lo seguido esbozaré una propuesta de acción metodológica y comunicativa que atiende estos asuntos del qué y cómo, obviamente, haciendo todo esto de manera muy exploratoria y no prescriptiva.

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La arquitectura de la acción metodológica y comunicativa que quiero proponer en este ensayo para redescubrir nuestros valores de paz y ensamblarlos en un modelo ético-normativo tiene su basamento en dos axiomas extraídos de la historia de la moral filosófica, los cuales considero muy pertinentes e ilustrativos para emprender la tarea que me he propuesto.

El primer axioma nos revela que no existe ética cultural univoca, extrapolable para todos los tiempos, sociedades y circunstancias. Lo que es ético para una cultura o sociedad puede no serlo necesariamente para otra, sin que por ello los actos de ésta última dejen de valorarse como actos éticos. Ilustremos este punto con un ejemplo traído de la antropología cultural cuando estudia el trato que dan diferentes culturas al destino final de sus muertos. Enterrar a los muertos es tradición de muchas culturas y pueblos. Pero no todas lo hacen. Otras culturas tienen rituales diferentes: incineran, embalsaman o envuelven los cuerpos y los colocan en pequeñas barcazas para entregarlos como ofrenda a los ríos o mares. Todas estas prácticas y ritos en torno al cuidado final de los muertos tienen un profundo valor ético para los pueblos que las practican y estaríamos muy mal en asumir que todos debemos compartir una sola forma ética de rendirle culto a la muerte y a los muertos.

El segundo axioma nos dice que las sociedades tienden a buscar y establecer sistemas de valores y patrones de conducta que sean tan universales como posibles para hacer viable la convivencia humana pacífica. De la ética o moral religiosa me viene como ejemplo el Decálogo de Moisés que como bien sabemos es un código de moral fundacional para el cristianismo, judaísmo e islamismo, que si bien lo predican con algunas diferencias interpretativas de acuerdo a sus propias prácticas y ritos, todos estos movimientos religiosos comparten la esencia del Mandato de Dios esculpido según lo revela el Antiguo Testamento en las famosas dos Tablas de Moisés. Del lado de la ética política moderna, la mejor pieza que puedo traer para sustentar el discurso de la tendencia hacia la universalidad es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948) que proclama 30 derechos inherentes a valores fundamentales e inalienables de la humanidad relacionados con la libertad, la igualdad, la justicia y la paz.

Un antecedente común de estas dos proclamas universales de la ética y el derecho (el Decálogo de Moisés y la Declaración Universal de los Derechos Humanos) se observa en el hecho de que su anunciamiento y adopción ocurre luego de grandes eventos de tragedia humana: uno fue el Éxodo Bíblico y otro la Segunda Guerra Mundial. Menciono estos episodios históricos pues se revelan muy inspiradores para lo que podemos proclamar los colombianos luego de la finalización de nuestra propia guerra y tragedia interna.

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Estos axiomas y ejemplos relacionados con la relatividad de la naturaleza de la ética y la tendencia de la moral filosófica hacia la universalidad de valores y derechos naturales, los traigo aquí para argumentar la tesis de que cualquiera sea el marco ético-normativo que adoptemos los colombianos en la era postconflicto, éste tendrá que considerar tanto el principio de la relatividad como el principio de la universalidad.

En términos aplicados, el primer axioma de la relatividad nos dice que el modelo normativo que adoptemos para la sociedad postconflicto debe tener en cuenta la diversidad cultural y las visiones y expectativas de las personas en sus entornos geográficos más inmediatos por alejados que éstos se encuentren del epicentro nacional. No siempre la visión del mundo de los cachacos (o neo-granadinos, según nos llaman nuestros hermanos venezolanos), es la misma que la de los paisas, costeños, vallunos, pastusos, opitas, caqueteños o llaneros (para citar solo unos pocos gentilicios locales), sin dejar de mencionar por supuesto las diferencias existentes por la gran diversidad étnica y cultural entre los pueblos nativos indígenas, afro-descendientes, gitanos, palanqueros, mestizos, mulatos y poblaciones de origen español y árabe que habitan desde siglos todo el territorio del país.

El segundo axioma de la universalidad nos dice que el modelo normativo que adoptemos para la sociedad postconflicto no solo debe fundamentarse en el principio de la relatividad sino en valores compartidos por la sociedad universal expresados en el respeto a los derechos humanos y otros códigos de buena conducta y buen comportamiento ciudadano y, desde luego, en los valores de la sociedad nacional que se expresan en nuestra tradición cultural oral, musical o escrita, en la constitución y las leyes que forman la base de nuestra unidad e identidad nacional como país y como colombianos.

En la construcción del marco ético-normativo de la sociedad postconflicto, los dos axiomas deben ser complementarios y no contradictorios. La universalidad engendra relatividad y ésta a su vez universalidad. Todo ello, desde luego, sin desconocer que la diversidad cultural es venerable en tanto no vulnere la dignidad, unidad e integridad de las personas y pueblos a la luz de los derechos humanos universales y de nuestra propia constitución.

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Bueno, del qué hacer pasemos ahora al cómo hacerlo. Pienso que el mejor camino para lograr una colisión creativa y constructiva de los dos axiomas, repito, con el objetivo de diseñar el marco ético normativo de la sociedad postconflicto y su ulterior socialización, debería partir de la realización de una gran encuesta nacional sobre los valores éticos que todos los colombianos quisiéramos cultivar y profesar en la era de paz que se aproxima. Siguiendo mi tesis inicial, se trata esencialmente de redescubrir los valores ocultos que todos los colombianos tenemos pero que han sido destronados y adormecidos por la cultura de la violencia secular imperante.

La gran encuesta nacional sobre valores que propongo tendría, entre otras, las siguientes características:

Sería un evento exploratorio del sistema de valores que todos los colombianos quisiéramos ver reflejados en la era de la sociedad postconflicto. Es decir, no se trata de un mapa omnicomprensivo de valores de todo tipo sino de aquellos que la gente considere son esenciales en reemplazo de la cultura de violencia imperante;
Sería una encuesta lo más amplia y abierta que se pueda en sus preguntas para no sugerir respuestas dentro de un marco comprensible de diferenciación entre valores, creencias y actitudes; división entre valores existenciales e instrumentales; y, categorización en cuanto a valores personales, culturales, religiosos, deportivos, económicos, políticos, sociales y ambientales;
Sería un evento que cubriría todo el país urbano y rural diferenciado por regiones, departamentos y municipios indistintamente del grado de afectación del conflicto armado, pero sin ignorarlo a la hora de leer resultados y hacer análisis y correlaciones;
Sería un evento precedido por una muestra muy representativa de la población que considere aspectos geográficos y diferenciaciones demográficas por origen étnico, religioso, sexo, edad, ingreso, educación y condición laboral;
Sería una encuesta que parta de los individuos en su entorno más inmediato (familia, hogares, vecindario, comunidad, escuela, gobierno local, negocios, trabajo, etc.), asegurando que sus opiniones o respuestas se refieran directamente al funcionamiento y comportamiento actual y deseado de esos entornos inmediatos.

No avanzo más en la caracterización de la encuesta nacional pues su configuración conceptual e instrumental debe ser tarea de politólogos, sociólogos, psicólogos, antropólogos, pedagogos, estadísticos, economistas y publicistas. Lo importante es entender que la encuesta es consecuencialista en el sentido de que sus resultados deben servir para formular hipótesis, guiar la orientación de la política postconflicto y descubrir campos de investigación que sirvan para alimentar ésta u otras politicas públicas y, fundamentalmente, para nutrir con un sistema de valores verosímiles extraídos de la realidad, la pedagogía y cátedra de paz que discutiremos en un próximo ensayo.

No sobra mencionar que este tipo de encuestas de valores son hoy en día muy comunes y frecuentes en las actividades de científicos e investigadores sociales que se ocupan del estudio de creencias, conductas y comportamientos humanos. Un buen ejemplo de ello es la Encuesta Mundial de Valores (World Value Survey) que se realiza anualmente en 99 países que suman casi el noventa por ciento de la población del planeta. Sus resultados han permitido–entre muchas aplicaciones- la elaboración de mapas culturales del mundo – siguiendo el modelo de Inglehart-Welzel – que son de gran utilidad para entender la unidad cultural mundial dentro de la diversidad cultural de países y naciones. La encuesta mundial de valores se realiza también en Colombia (Andrés Casas, DNP) desde hace varios años con información y resultados excepcionales que permiten aproximarse a lo que los autores denominan el diseño del ‘perfil cultural de los colombianos’ a partir de la identificación de valores, creencias y percepciones de los colombianos sobre amplias temáticas y categorías de análisis alusivas al funcionamiento de la sociedad, estado y mercado.

Estos ejercicios ciertamente contienen muchos ingredientes teóricos y metodológicos que son de gran utilidad para la realización de la encuesta nacional de valores que propongo, cuyo valor agregado, como dije anteriormente, está relacionado específicamente con la construcción de un sistema de valores para la reconciliación y la paz y su enseñanza y divulgación a todo lo largo y ancho del país.

Finalizo aquí mis argumentaciones sobre la pregunta original de: ¿Cuál ética? que ciertamente no ofrecen respuesta directa pero creo que señalan un buen camino metodológico para encontrarla. En el próximo ensayo me ocuparé de la pregunta sobre cómo podrían adoptarse y comunicarse los resultados de la gran encuesta nacional de valores.

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Julio 2016. jairo@inafcon.com

Lectura 24: Ética y pedagogía de paz (I)

Por: Jairo Morales Nieto*
Articulo/Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Junio 6, 2016

Las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, se aproximan a su finalización según lo anuncian el Gobierno Nacional y las Farc. Con la firma de los acuerdos de paz se concluye en gran medida la labor de los políticos, juristas y militares de ambos lados de la mesa que han tenido a su cargo la difícil tarea de llevar a feliz término un largo y complejo ciclo de negociaciones.

A partir de este momento comienza una nueva fase del proceso de paz orientada a la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados en la tierra del poeta y prócer José Martí, en toda su extensión y profundidad.

Una característica importante de esta nueva fase es que con ella se inicia un relevo de los gestores de paz en el sentido de que los negociadores ceden el paso a los estrategas e implementadores de la paz y desarrollo. Estos últimos tienen la responsabilidad de diseñar e impulsar exitosamente la estrategia de reconciliación y paz, es decir, la estrategia de construcción de la sociedad postconflicto.

¿Por dónde comenzar? El proceso de construcción de paz y reconciliación tiene muchos portales legítimos de entrada. A mi juicio, uno de los principales portales para la paz es el de la ética o moral filosófica. Atravesar ese portal tiene dos significados. Por un lado, dejar atrás la cultura de la violencia y los anti-valores que viabilizaron la guerra y la destrucción humana; y, por otro, adentrarnos en el mundo de la configuración colectiva de una nueva sociedad pacífica, solidaria, justa y progresista en la que todos los colombianos ambicionamos vivir.

En su acepción abreviada, la moral filosófica o simplemente la ética es el estudio y práctica de los principios, valores, normas y códigos de conducta que guían el comportamiento humano y las decisiones hacia la felicidad y el bienestar individual y colectivo. Son estándares morales comúnmente aceptados y compartidos por una sociedad determinada o grupo humano que hacen realizable la convivencia pacífica y civilizada entre los miembros que la integran; la ausencia o ignorancia de estos estándares usualmente conduce a la confrontación violenta y auto-destrucción como ya lo hemos padecido en carne propia los colombianos en las pasadas seis décadas.

Este escrito está pensado, no para imponer ideas o códigos morales, sino para iniciar una reflexión colectiva sobre la construcción de la ética de paz que quisiéramos tener todos los colombianos en la era de la sociedad postconflicto y también, para esbozar algunas ideas sobre la necesidad de desarrollar una pedagogía de paz que contribuya a la promoción de las transformaciones culturales y conductuales deseadas.

Siguiendo este orden de ideas, he organizado el escrito en tres partes que intentan responder a tres preguntas claves en torno a esta discusión. En la primera parte, la pregunta central es: ¿Por qué ética? la cual a mi juicio engendra el meollo de la sostenibilidad e irreversibilidad de la paz en Colombia. La segunda parte estará dedicada a otra pregunta sucedánea: ¿Cuál ética? cuya discusión me ofrece importantes argumentos para hacer una propuesta sobre la necesidad de delinear un marco ético normativo que fundamente la sociedad postconflicto. Finalmente, la tercera parte está organizada alrededor de una pregunta de ética aplicada: ¿Cómo comunicar la nueva ética de paz? Se trata de la conversión del marco ético normativo propuesto en una pedagogía y cátedra de paz a ser compartida por todos los colombianos.

Dada la amplitud y complejidad que tienen todos los temas de índole ética y filosófica, el escrito se presentará en diferentes ediciones dominicales del El Nuevo Siglo, cada una dedicada a intentar responder las tres preguntas planteadas. Bueno, empecemos con la primera.

¿Por qué ética?

Esta pregunta es tan antigua como la misma historia de la ética desde Sócrates, Platón y Aristóteles siguiendo por la moral filosófica moderna de Kant, Hobbes y de filósofos y sociólogos más contemporáneos como Weber, Habermas, Rawls, Nozick y Dworkin que han fundamentado una teoría normativa de la ética basada en los derechos muy afín a los temas de ética de paz que nos proponemos discutir.

Pienso que la pregunta ¿Por qué ética? es inevitable plantearla una y otra vez cuando reflexionamos sobre la guerra y la paz y más aún cuando nos enfrentamos a eventos y situaciones reales de gran destrucción y degradación humana, anomia institucional y descomposición cultural como las que ha sufrido Colombia en las pasadas seis décadas.

No podemos desconocer y menos negar que la violencia estructural durante todos estos años, no solo ha acabado con cientos de miles de vidas humanas y destruido enorme capital físico, sino que ha pulverizado importantes fundamentos éticos y morales de la entera sociedad y no solo la parte de ella que ha sufrido en forma directa los daños del conflicto armado infringidos en todas sus formas y manifestaciones por guerrillas, para-militares, narcotraficantes, bandas criminales y hasta por la propia fuerza pública.

Lo más dramático de toda esta historia es que la descomposición ética y moral ha invadido y afectado todo el orden político y jurídico del Estado y las instituciones que lo componen, de modo que de alguna forma este orden ha terminado sirviéndole a los violentos e infractores de la ley y de las buenas costumbres ciudadanas.

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Uno de los legados más nefastos que nos ha dejado la guerra a las tres generaciones que hemos convivido con esta triste realidad ha sido la enorme dificultad que tenemos todos los colombianos para distinguir y diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo justo de lo injusto, lo lícito de lo ilícito, lo correcto de lo incorrecto, lo aceptable de lo inaceptable, de manera tal que usualmente transitamos entre estas dicotomías extremas con el predicado de que al final nos plegamos al lado más dañino de ellas pues en la práctica no hay sanciones éticas y tampoco instituciones sociales o legales que las apliquen.

Los ejemplos para dar facticidad a esta tesis son más que innumerables, casi infinitos como lo podemos ver en la cotidianidad de la vida diaria. La guerra ha alterado y desviado muchos principios y virtudes morales heredadas de nuestros bisabuelos, abuelos y padres que sin proponérnoslo los hemos reemplazado por perniciosos códigos, símbolos y lenguajes estrechamente asociados a una abrasante cultura de la violencia. Los mensajes anti-éticos se generan y propagan en los hogares, vecindarios, las escuelas, colegios, universidades, los negocios y empresas, la administración pública, los tribunales de justicia, el parlamento, la fuerza pública, los medios de comunicación social, la investigación científica, los deportes, la televisión, cinematografía y en el teatro.

Es común ver y escuchar por todo lado que es preferible eliminar al oponente antes que negociar; es mejor el enriquecimiento rápido e ilícito que el trabajo esforzado y honrado; es mejor ‘colarse’ en un transporte público que pagar por un tiquete subsidiado; es mejor colocar fraudulentamente capitales en paraísos fiscales que tributar; es legítimo y lícito pagar favores políticos personales con los recursos de los contribuyentes; es mejor mendigar que ser vergonzante; es mejor copiar y robar derechos de autor que respetarlos y pagar por ellos. Hemos convertido expresiones callejeras de cínica anti-ética en aforismos como por ejemplo: “la justicia es para los de ruana”, “usted no sabe quién soy yo”, “dio papaya por eso la/lo secuestraron, mataron, maltrataron o robaron”, “si le pegaron a esa mujer…por algo será”. Hemos divorciado al extremo la ética del derecho a tal punto que no hay castigo legal y menos penal para los jueces y magistrados anti-éticos que negocian millonarias tutelas en su beneficio y en favor de poderosas firmas demandantes; o, funcionarios gubernamentales y no-gubernamentales que viven de la desnutrición y muerte de los niños y niñas que tienen el derecho de recibir alimentación escolar buena y gratuita; tampoco hay sanción pública para quienes hacen actos ilegales pero éticos por ejemplo trabajar honradamente vendiendo viandas y cachivaches en las calles pero pagando a las mafias urbanas por el uso de los espacios públicos.

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Menciono todos estos actos de la cotidianidad por fuera de los actos de guerra que por definición enmarcan la ausencia total de la ética y del derecho como dramáticamente lo han registrado en sus magnum opuses el Centro de Memoria Histórica en el reciente informe “¡Basta ya!” (2014) y, décadas más atrás, Guzmán, Fals Borda y Umaña en la imborrable e imperecedera obra “La Violencia en Colombia” (1962), dos tesoros de la historiografía del desastre humano y ético que nos ha tocado vivir y padecer y que una vez leídos en su integridad, ningún colombiano por ajeno o alejado que haya estado de la realidad quisiera tolerar su repetición, nunca jamás. Genocidios, masacres, secuestros, asesinatos, ejecuciones de propios milicianos, torturas, extorsiones, siembra de minas anti-persona, reclutamiento forzoso y abuso sexual y laboral de menores de edad, sabotajes económicos y ambientales, siembra de cultivos ilicitos, narcotráfico, gema-tráfico, tráfico de armas, minería illegal, sicariato y actos terroristas de todo tipo son prueba fehaciente de la negación absoluta de la ética y del derecho que han profesado en particular los grupos insurreccionales armados tras una mal concebida y practicada revolución social, y muchas veces también, representantes indignos de la fuerza pública, la política y la comunidad empresarial motivados por una siniestra contra-insurgencia criminal.

Dentro de estos escombros de la ética y del derecho en tiempos de guerra, afortunadamente, aparecen luces al final del túnel. Las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, más que ser un acto político, jurídico y militar deben entenderse como el mayor acto ético de los colombianos en los comienzos del Siglo XXI.

Esto aún no es así, pero puede serlo si los propios grupos insurreccionales, desarmados y desmovilizados cambian sus códigos y estándares de guerra por los valores, principios y normas de la sociedad democrática y estado de derecho que, dicho sea, muy generosamente les extiende la mano para que se integren a la sociedad y contribuyan a perfeccionarla y engrandecerla por medios pacíficos y civilizados.

Es muy claro, entonces, que en el comportamiento ético de estos grupos y en el reconocimiento que hagan de los derechos fundamentales de las personas y de la sociedad se encuentra una de las claves del éxito de la transición hacia la paz y desarrollo, más allá del blindaje jurídico y político de los acuerdos de paz que con justa razón reclaman. La sociedad colombiana está muy ansiosa por ver estos cambios culturales y conductuales desde ya por parte de las Farc y el Eln pues al final son la esencia de la seguridad de ellos mismos, la seguridad ciudadana y estabilidad política futura.

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Por razones de espacio debo cerrar aquí esta apasionante discusión. Espero que el lector se sienta satisfecho con este primer escrito y que la respuesta a la primera pregunta de ¿Por qué ética? provea suficiente motivación para leer la segunda y tercera parte dedicadas a las preguntas: ¿Cuál ética? y ¿Cómo comunicar la nueva ética de paz? temas que se discutiré en próximas ediciones dominicales de EL Nuevo Siglo.

*Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta breve ensayo tiene sus raices e inspiración en mi libro: ¿Qué es el postconflicto? Una breve introducción al reto de cómo enfrentar la transición hacia la paz y la reconciliación en Colombia. Ediciones B. Segunda Edición. Bogotá, Marzo 2016.

Lectura 23: Rol del periodismo en la construcción de la sociedad postconflicto

Por: Jairo Morales Nieto*

Ponencia: II Cumbre Iberoamericana de Periodismo. 13-15 Mayo, 2016. Cancún, México Periodismo.

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Colombia se aproxima a la finalización de uno de los conflictos armados insurreccionales más antiguos del hemisferio occidental según lo registra la historiografía moderna. Este magnífico evento ocurrirá en la Habana, Cuba, donde se adelantan las negociaciones de paz con las Farc y muy pronto también con el Eln, en éste y otros países acompañantes del proceso de pacificación.

Han sido cerca de 60 años de confrontación armada, bárbara y degradante entre las fuerzas constitucionales del Estado y las fuerzas insurreccionales de las mencionadas organizaciones guerrilleras que han persistido durante todo este tiempo – sin éxito, desde luego – en la obsesión ideológica de imponer sus objetivos por la fuerza y llegar al poder utilizando todas las formas ilegitimas de lucha.

Las negociaciones y acuerdos de paz con las Farc y el Eln no deben interpretarse sólo como la finalización de un conflicto armado, obsoleto y anacrónico, sino fundamentalmente como un triunfo de la democracia y liberalismo político – en el buen sentido Rawlsiano – sobre las pretensiones fallidas de las guerrillas de imponer por la fuerza gobiernos de facto e instituir sistemas políticos autoritarios basados en la concepción anti-democrática de un partido único propietario del estado, de los medios de producción y de los derechos civiles que tanto daño ha causado y sigue causando a nuestras sociedades iberoamericanas en sus luchas hacia la democratización política y modernización económica y social.

La sensatez de las Farc y el Eln de llevar adelante negociaciones politicas de paz y acogerse a las reglas del juego democrático y del estado de derecho, luego de su desarme y desmovilización, hay que celebrarla con gran entusiasmo y optimismo pues señala el inicio de una nueva era y tendencia de supremacía de la razón sobre la fuerza.

Este es un triunfo de Colombia y de toda la sociedad mundial que ha acompañado al país en su empeño por la paz. Así pues, debemos felicitar a las Farc y al Eln por su decisión de ingresar a la sociedad democrática y esperamos que contribuyan por medios pacíficos y políticos a su continuo desarrollo y perfeccionamiento para hacer de Colombia una sociedad más justa y equitativa, inclusiva y progresista.

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Este escrito lo he organizado en cinco breves secciones. Comienzo con una precisión acerca de la noción de ‘sociedad postconflicto’. Luego hago una breve introducción al tema de la paz como proceso de transformación cultural para abonar el terreno hacia un planteamiento de fondo sobre los cambios culturales necesarios para consolidar la sociedad postconflicto. A continuación presento un esbozo de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz en Colombia, la cual me da buenos argumentos para asociar finalmente toda esta discusión con el rol del periodismo en la era postconflicto.

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La noción de sociedad postconflicto

A partir de la finalización del conflicto armado y la barbarie por medio de la negociación política civilizada, Colombia debe transitar hacia la construcción de una nueva sociedad que deje atrás un pasado dividido y violento y se mueva hacia un futuro pacífico, enriquecido por valores sociales compartidos por todos los ciudadanos. Esta es una magnifica definición de la sociedad postconflicto como la concibe Desmond Tutu, Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Premio Nobel de Paz en sus reflexiones sobre reconciliación y construcción de paz.

Hablo de ‘sociedad postconflicto’ para remarcar una premisa fundamental de mi discurso sobre paz y desarrollo que dice que la transformación social integral (cultural, política, económica, social y ambiental) concierne a toda la sociedad colombiana y no solo a la parte de ella que ha vivido en carne propia los horrores de la violencia armada secular.

Largos y continuos años de lucha armada en sus más diversas modalidades y expresiones de violencia han arrojado, además de enormes pérdidas de vidas humanas, capital físico e institucional, protuberantes y visibles daños en la estructura axiológica (sistema de valores) de la entera sociedad y en el comportamiento ético y moral de todos los individuos que la integramos.

Piénsese por un momento que la violencia ha causado más de 220.000 muertos y 6.8 millones de personas han sufrido al menos un hecho victimizante terrible en los pasados 30 años; la tercera parte de las víctimas han sido niños, niñas y adolescentes, cruelmente vulnerados en sus vidas, dignidad y derechos; la quinta parte de las víctimas tiene algún distintivo étnico (indígenas, afro-colombianos, palenqueros y gitanos) que como se sabe son las poblaciones de mayor exclusión social en nuestros países; el 80 por ciento de las víctimas han sido desarraigadas por la fuerza de sus lugares de origen y han ido a refugiarse en las periferias urbanas y países vecinos como parias y excluidos sociales; muchas de las instituciones del estado y la sociedad civil han colapsado debido al asesinato de alcaldes, policías y otros servidores públicos y la muerte y desaparición de defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas; en suma, alrededor de 250 municipios han sido duramente afectados por la acción violenta de diversos grupos armados ilegales (guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia criminal organizada) y por la propia acción contra-insurgente de la fuerza pública.

Estas cifras, en términos de proporción, involucran directamente a más del doce por ciento de la población colombiana de hoy y casi una cuarta parte de los municipios del país. Son muy pocas las familias colombianas que no han sufrido y pagado caro los costos de la violencia secular de manera directa o indirecta.

Por todo ello afirmamos – invocando de nuevo a Desmond Tutu – que la paz no es un asunto exclusivo de las relaciones entre las víctimas y victimarios sino un proceso que concierne a la sociedad entera.

Dentro de todo este orden, o mejor, desorden de cosas, es de reconocimiento público que la transición hacia la paz y la reconciliación podría ser un intento fallido si no se hace una gran transformación de la sociedad colombiana donde es igualmente importante la creación de una cultura de paz y convivencia humana como la reconstrucción de las condiciones institucionales, territoriales y materiales para hacerla viable y sostenible en el largo plazo.

En mi libro ¿Qué es el postconflicto? desarrollo estas dos dimensiones de la transición hacia la reconciliación y la paz con amplitud. Para conversar con ustedes hoy, he elegido el tema cultural de la paz pues creo que se acomoda muy bien al espíritu de esta II Cumbre que tiene que ver con el periodismo de la post-modernidad, es decir, el periodismo de la era de la información digital y conocimiento en red que sin duda será catalítico en la promoción de las grandes transformaciones culturales que propondremos más adelante.

La propuesta que hago busca relacionar el periodismo con la construcción de la sociedad postconflicto, que hoy corresponde al caso particular colombiano, pero mañana puede ser un desafío también para cualquier otro país Iberoamericano, incluido Brasil por su ancestro Ibero lusitano.

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La paz como transformación cultural

La paz es por excelencia el resultado de un proceso de transformación cultural. Es moverse de la cultura de la violencia (armada o no) a la cultura de la convivencia pacífica, el diálogo civilizado, el trabajo conjunto y el respeto a las diferencias.

La cultura de la violencia ha impregnado la mente y comportamiento de tres generaciones de colombianos de tal manera que pareciera (ante los ojos externos) que ella es parte alienante e inherente a nuestra razón de ser y a nuestro modo de vida (y muerte).

El origen de la cultura de la violencia no es atribuible a la mentalidad y comportamiento de un grupo de maleantes en particular. Le es propia a lo que Karl Marx definió como el ‘Lumpenproletariat’, es decir, el sustratum más bajo de cualquier sociedad conformado por criminales y delincuentes, excepcionalmente redimibles.

El gran fenómeno sociológico que aporta Colombia a esta definición es que en el país, el Lumpenproletariat se ha emancipado, engrandecido y enriquecido enormemente como producto del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y la corrupción, con el agravante de que la vocación de violencia y enriquecimiento ilícito de estas hordas ha invadido progresivamente tanto a los propios grupos insurreccionales armados (que paradójicamente nacieron y lucharon en su juventud guiados por motivaciones puristas e idealistas de cambio social), como también a todos los demás estratos de la sociedad sin distingo alguno como lo podemos evidenciar a diario por los medios de comunicación, la literatura, la cinematografía, la televisión y en las conversaciones de las gentes de cualquier ciudad, poblado y caserío.

Lo más impactante de la historia de estos largos sesenta años de violencia es que los colombianos, sin darnos cuenta, hemos aceptado la existencia de estos grupos delincuenciales y, lo que es peor aún, la erección por parte de ellos de un amplio y complejo espectro de instituciones ilegitimas que les han otorgado poder y derechos para imponerse y perpetuarse.

El Lumpenproletariat ha creado desde oficinas de sicarios hasta encumbradas organizaciones comerciales y financieras especializadas en lavado de activos, contrabando, evasión de impuestos y construcción de las llamadas ‘pirámides’ para robar a incautos ahorristas; ha tomado posesión por medios violentos de la riqueza del suelo y subsuelo del patrimonio nacional y ha creado innumerables instituciones y prácticas ilegales para registrar y proteger las usurpaciones, lo que ha significado la cooptación delincuencial del sistema de justicia y notarial; ha despojado millones de hectáreas a campesinos y pequeños empresarios rurales que generan la riqueza legitima del país; ha constituido los denominados ‘carruseles de la contratación’ para saquear meticulosamente el erario público y ha tomado posesión a sangre y fuego de muchas administraciones departamentales y municipales para imponer de manera entrelazada su ley y soberanía delictiva; ha comprado curules senatoriales, jerarquías politicas de primer orden y cargos diplomáticos; ha penetrado la administración nacional de impuestos, loterías, las organizaciones de salud pública, bienestar familiar y muchas de las instituciones de educación superior; ha convertido por la fuerza a miles de niños y niñas en guerrilleros, pistoleros y trabajadores sexuales; ha hecho del secuestro y la extorsión una industria muy rentable y extendida; ha organizado densas redes de micro tráfico en todas las ciudades del país; ha utilizado el terrorismo como la peor arma de persuasión del poder criminal; etcétera y etcétera.

La sociedad postconflicto deber ser la negación radical y absoluta de la legitimización que la sociedad por temor, desentendimiento o condescendencia, le ha otorgado al Lumpenproletariat, sus instituciones ilegitimas y representantes, que como lo describimos arriba, ha invadido todas las esferas de la sociedad, estado y mercado constituyéndose en una verdadera superestructura ideológica y una maléfica cosmovisión que atrapa fácilmente, en particular, a la juventud ansiosa de consumo, poder y ostentación.

La deslegitimización del Lumpenproletariat es un proceso político, jurídico-penal y cultural. Este último aspecto es el que quiero resaltar en este ensayo pues remite a la moral, la ética y al derecho y a las creencias que las sociedades construyen sobre su identidad, comportamiento, organización y comunicación.

Si los colombianos no entendemos el legado nefasto y tenebroso que nos ha dejado la violencia sistémica y secular en nuestras mentes, sistemas de valores y comportamiento ciudadano, es muy probable que la reconciliación y transición hacia la paz se torne en un intento fallido toda vez que no es posible erigir ningún tipo de convivencia humana pacifica sin la construcción de nuevos ciudadanos desarmados en sus espíritus (y despojados de sus bienes ilícitos) y sin la prevalencia de instituciones (valores sociales, ideologías, normas y organizaciones) que aboguen y protejan la vida humana, la naturaleza, los derechos y bienes de los ciudadanos de hoy y de mañana.

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Acciones culturales transformadoras

¿Cómo propiciar los cambios culturales necesarios para consolidar la sociedad postconflicto como negación de la sociedad de la violencia que queremos dejar atrás? Pienso que tres acciones culturales transformadoras son fundamentales como lo describo a continuación.

Primera acción: adopción de una genuina axiología de paz que represente un sistema integrado de valores sociales fundamentales, donde el ideal de la paz se concibe inseparable de los valores de libertad, justicia y equidad. En su acepción general, paz es la cesación del conflicto y de la confrontación armada; libertad es el derecho de pensar, hablar y actuar sin afectar los derechos de los otros; justicia se entiende como el trato justo e imparcial ante la ley; y equidad es la garantía de las mismas oportunidades y opciones para todos los ciudadanos. En un estado democrático de derecho, los valores sociales descritos son interdependientes, de modo que la realización de un valor social está condicionada por el logro de los otros valores u objetivos sociales.

Segunda acción: introducción de una nueva semiótica cultural de paz que reemplace los signos, símbolos y lenguajes apologéticos de la violencia creados y propagados por el Lumpenproletariat, sus redes y bandas delictivas que se han convertido en verdaderos códigos de conductas y motivaciones desviadas, compartidas por amplios grupos sociales. El nuevo sistema semiótico cultural debe ser armonioso y funcional con las exigencias de una sociedad que renuncia a los métodos violentos de imposición de objetivos, que valora el esfuerzo y el trabajo honrado y, que busca hacer prevalecer el concepto de ‘homo economicus’ (maximización del bienestar colectivo) sobre el concepto de ‘homo chrematisticus’ (maximización del interés egoísta individual y la usurpación), distinción que nos la ensenó Aristóteles en el Libro I, de su ‘Política’.

Tercera acción: introducción de una nueva economía y política del bienestar de la nación proclive a la paz que propenda por el logro de un equilibrio armonioso y dinámico entre la eficiencia en la generación del producto social y la equidad en la distribución de ese producto entre todos los miembros de la sociedad sin exclusión como el mejor antídoto para elevar el bienestar de toda la población y, a su vez, reducir el potencial de conflicto social en el país. La dicotomía entre las nociones de eficiencia y equidad se considera como una de las causas fundamentales del conflicto armado secular en Colombia, en tanto el crecimiento económico no se ha traducido en una mejora sustantiva de las condiciones de vida e ingreso de la gran mayoría población.

Para impulsar estas tres acciones orientadas a la consolidación de la sociedad postconflicto se requiere de politicas comunicacionales públicas y privadas que trasciendan las fronteras circunstanciales y emocionales del inmediatismo informativo e incidan en la producción de cambios en la mente y comportamiento de los individuos, en la organización de las instituciones del mercado, la sociedad civil y en la propia actividad del gobierno.

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Propuesta de una Cátedra y Pedagogía de Paz

Quiero concretar aún más mis ideas de las acciones culturales transformadoras con una propuesta para su realización en la práctica. La propuesta la encapsulo en la idea de concebir e impulsar una ‘Catedra y Pedagogía de Paz’ en Colombia que tenga como audiencias no solo a los individuos, territorios e instituciones que padecieron en carne propia los horrores del conflicto armado sino a toda la sociedad colombiana en su conjunto en el marco de un magistral esfuerzo por erigir nuevas formas, hábitos y estilos de vida civilizados.

Las principales características de la Cátedra y Pedagogía de Paz que propongo se pueden resumir como sigue:

Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que se inscribe dentro de un enfoque comprehensivo de reconciliación y construcción de paz, que aquí llamaremos por simplicidad: estrategia postconflicto. Ello necesariamente tiene que ser así, pues una Cátedra y Pedagogía de Paz sin contenido normativo y estratégico no tiene ningún sentido. Cualquier audiencia, al no tener una visión normativa y estratégica clara hacia donde ir usualmente opta por el trasiego de confusos caminos conceptuales y operativos que al final no llevan a ninguna parte y son fuente de frustración y enorme dilapidación de recursos humanos, técnicos y financieros, muy costosos para toda la sociedad en su conjunto;
Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que – si bien tiene sus orígenes en los acuerdos de paz con las Farc en La Habana y en los acuerdos de paz que se logren con el ELN en los diferentes países anfitriones que se han identificado – busca incorporar plenamente – a través de cuidadosos procesos metodológicos – las visiones, intereses y expectativas de las audiencias locales en razón a la propia etiología y fenomenología del conflicto armado secular en los territorios afectados;
Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que aborda problemas sustantivos relacionados tanto con el retorno y la reintegración social de poblaciones víctimas y desmovilizadas como con el futuro de las poblaciones pobres, marginadas y desempleadas residentes en el municipio, con particular atención en los niños, niñas y adolescentes que son los grupos de población de mayor potencial generacional pero a la vez los más apetecidos por las bandas criminales que tienen presencia en todo el país;
Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que se sustenta en una visión de estabilidad política, seguridad ciudadana, crecimiento económico y bienestar social y ambiental. En el centro de esta visión está el logro del objetivo del pleno empleo de todos los recursos con que cuenta un municipio, mediatizado por la formación del capital humano y la promoción de la empresarialidad que se requiere para el uso pleno y eficiente de esos recursos (tierra, capital, fuerza de trabajo y conocimiento). No hay que olvidar en ningún momento que las poblaciones desplazadas y desmovilizadas por lo general carecen de las destrezas y capacidades que requieren los mercados laborales y las empresas y no son absorbibles fácilmente por ellas; así, entonces, la inversión en la gente y la empresarialidad se convierte en uno de los ejes centrales de una estrategia postconflicto bien hecha;
Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que establece un vínculo muy estrecho entre la visión y la realidad. Es decir, sus contenidos tienen que traducirse en hechos prácticos y transformadores de la realidad. No se trata de nutrir la Cátedra y Pedagogía de Paz con contenidos abstractos y esotéricos. Por encima de todo, se trata de dar contenidos axiológicos que produzcan valores sociales agregados e interdependientes (paz, libertad, justicia y equidad) y demuestren en la práctica que se vive mejor en la paz con goce de estos valores que en la guerra sin goce de ellos;
Se trata de una propuesta de Cátedra y Pedagogía de Paz que busca obtener resultados concretos y tangibles en el corto tiempo medidos por indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados con el cambio cultural y comportamiento civilizado de los individuos y con la mejora sustantiva de sus condiciones de vida.

Debo señalar que la idea de la Cátedra y Pedagogía de Paz no es enteramente original del autor de este escrito sino que es una tendencia ejemplar que se viene presentando en la sociedad colombiana, la cual tiene su mejor expresión en la Ley 1732, 1 Septiembre 2014. Dicha Ley establece la Cátedra de Paz en todas las instituciones educativas del país.

También es remarcable el esfuerzo del Grupo de Pedagogía del Centro de Memoria Histórica de Colombia que ha desarrollado un conspicuo Proyecto de Caja de Herramientas conocido como: “Un viaje por la memoria histórica. Aprender la paz y desaprender la guerra”. Es una guía pedagógica dirigida a docentes y escolares para ‘la construcción de la paz y desnaturalización de la guerra’, según lo ambicionan los autores de la misma.

La propuesta que hago yo aquí es un enfoque amplificado de la mencionada Ley y del Proyecto de Centro de Memoria Histórica pues considera como audiencias primarias tanto a las instituciones educativas y sus poblaciones académicas y estudiantiles como también a los gobiernos locales, las fuerzas de poder económico local y la ciudadanía en general de todas las edades residente en un municipio.

Es decir, es una propuesta de cobertura institucional, territorial y poblacional global pues como he remarcado al comienzo de este escrito, la transformación cultural no es un asunto que solo le concierne a quienes han vivido los horrores de la guerra sino a toda la sociedad en su conjunto que tiene que transformarse para hacer de la transición hacia la paz y la reconciliación un proceso irreversible y sostenido.

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Rol del periodismo

No soy periodista y estoy lejos de sentar cátedra sobre el quehacer de una magna profesión que no es la mía. Traigo a discusión ante ustedes este tema del rol del periodismo en la construcción de la sociedad postconflicto por dos razones. Primero, el tema es una derivación natural de mi discurso sobre paz y desarrollo que necesariamente tiene que abordar dimensiones culturales y comunicacionales para convertirse en un pensamiento holístico y universal. Segundo, entiendo, percibo y siento que sin la labor de los periodistas y los comunicadores sociales es prácticamente imposible hacer las transformaciones culturales que propongo en la búsqueda de sustituir el mundo apologético de la violencia y sus instituciones ilegitimas a cambio de la edificación de una nueva sociedad pacifista, justa, inclusiva y equitativa.

En el marco del debate histórico sobre el papel del periodismo en el postconflicto, entiendo que hay muchas visiones, interpretaciones y posiciones, que desde luego no las voy a discutir aquí, pero me gustaría asociarme al pensamiento de un destacado grupo de periodistas del Centro de Memoria Histórica de Colombia que condensa de la siguiente manera la función periodística en el postconflicto:

“La guerra en Colombia nos ha llevado por caminos oscuros en los que nos hemos perdido. El periodismo no escapa a ello, pese a que su misión sea contar la verdad. Hacerlo, pegados de la realidad de los hechos, fortalece la democracia, pero no ajustar las agendas con una mirada crítica hacia los imaginarios de paz y la resolución de los conflictos es un error que fragmenta incluso la realidad”.[1]

El texto se explica por sí mismo y me abre la puerta para invitar a toda la audiencia presente aquí para que desde sus diversos medios de comunicación, posiciones y rangos periodísticos contribuyan a la formación de un pensamiento y una cultura global por la paz en Colombia y también aporten con sus visiones, conocimiento y experiencias a la tarea de conceptualizar una genuina cátedra y pedagogía de paz que pueda ser replicada en otros espacios geográficos y sociedades afectadas por graves crisis y confrontaciones humanas.

Periodismo en este contexto, lo entiendo tanto como lo que se escribe o reporta en periódicos y revistas como lo que se trasmite por radio o televisión de manera visual, impresa o digital a través de diversas herramientas, plataformas y aplicaciones derivadas del uso del Internet.

El llamado lo hago y dirijo primordialmente a ustedes los periodistas que reportan noticias, generan opinión y pueden contribuir con su labor no solo a la elaboración y desarrollo de una pedagogía de paz sino también, y esto es muy importante, a vigilar la transparencia en el uso de los recursos públicos y privados que se destinan a la paz que sin un cuidadoso y acertado escrutinio público se pueden evaporar muy rápidamente.

Bueno, apreciada audiencia, por todo ello, quiero finalmente expresar mis agradecimientos a los organizadores de la II Cumbre Iberoamericana de Periodismo por la invitación que me han hecho y por cederme un tiempo y espacio, que espero, todos ustedes perciban y sientan que los he aprovechado bien.

Muchas gracias,

[1] CMH, “Pistas para Narrar la Paz: Periodismo en el Posconflicto”. Fundación Konrad Adenauer. Bogotá, 2014. El libro además de ser es una magnifica guía didáctica para la labor periodística presenta un conjunto bien pensado de propuestas concretas para aportar a la paz desde la comunicación y el periodismo.

*Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Esta ponencia tiene sus raices e inspiracion en mi libro: ¿Qué es el postconflicto? Una breve introducción al reto de cómo enfrentar la transición hacia la paz y la reconciliación en Colombia. Ediciones B. Segunda Edición. Bogotá, Marzo 2016. Debo advertir al lector que algunos párrafos propios los he extractado de mi libro sin acudir a las comillas para facilitar la armada y lectura del escrito.

Lectura 22: Pleno empleo y paz local

Por: Jairo Morales Nieto*
Articulo / Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Suráfrica. Enero 2016

El logro del pleno empleo en los nuevos territorios de paz es uno de los objetivos más importantes para la consolidación de la estabilidad política del país, la seguridad ciudadana y el progreso económico.

Si ese objetivo no se busca deliberadamente desde ahora mismo, antes que se firmen los acuerdos de paz, es altamente probable que la sociedad presencie tempranas perturbaciones politicas y sociales en los mencionados territorios por causa de la frustración y falta de respuestas rápidas a las grandes expectativas de cambio, ocupación productiva y bienestar social en general que necesariamente generará la transición hacia la paz.

La acción gubernamental en la búsqueda del pleno empleo en la era postconflicto que se aproxima tiene una dimensión global y una dimensión local. En anteriores artículos publicados por este Diario, hice una breve introducción a los aspectos globales del pleno empleo con énfasis en asuntos históricos, éticos y macroeconómicos. En esta ocasión miraré el problema del pleno empleo a través de la ranura micro-estructural y local (municipal) que a mi juicio son los ángulos de observación más apropiados para re-estructurar los mercados laborales y para producir respuestas inmediatas y directas a las demandas de todas las poblaciones que habitan o retornan a sus lugares de origen y que aspiran vivir mejor hoy que en el pasado.

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Una propuesta de acción inmediata

Este ensayo tiene un enfoque experimental. Su narrativa trascurre alrededor de una propuesta de acción inmediata hacia el pleno empleo cuyas características las asimilo al juego de la armada de un rompecabezas donde los jugadores tienen todas las piezas sobre la mesa pero no disponen de la lógica y el método para ponerlas todas juntas en sus lugares correspondientes.

El procedimiento metodológico seleccionado para emprender la acción inmediata que propondré se enmarca dentro de lo que renombrados matemáticos y economistas denominan ‘Teoría del Juego Cooperativo’ (siguiendo a John von Neumann y Anthony Downs), la cual me gustaría relacionarla aquí de algún modo dentro del contexto de la transición colombiana hacia la paz y desarrollo.

Veamos a continuación en qué consistiría el juego del rompecabezas para la paz local como parte de la teoría del juego cooperativo, obviamente prescindiendo de las formulaciones matemáticas inherentes a la configuración del ejercicio en razón a la naturaleza periodística de este escrito.

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Jugadores y juego cooperativo para el pleno empleo

Aprovechando la oportunidad que ofrecen los acuerdos de paz en La Habana, próximos a firmarse, vamos a imaginarnos que un grupo selecto de jugadores de un determinado territorio de paz (municipio) concuerdan que hay que llevar esos acuerdos a nivel local y además coinciden en que el pleno empleo (en su versión pura y aplicada como lo definimos en un anterior ensayo publicado por este Diario) es uno de los mejores vehículos para la construcción de paz, seguridad ciudadana, bienestar social y crecimiento económico en el territorio donde habitan.

Los jugadores son básicamente representantes de los poderes públicos presentes en el municipio; representantes de los grupos de poder económico local; representantes de las fuerzas laborales locales; representantes de la economía solidaria; y, representantes de la comunidad de cooperación internacional comprometida con la construcción de paz y reconciliación en el respectivo municipio.

Se observa que son jugadores con intereses grupales diferentes pero perciben que si trabajan juntos tras el objetivo propuesto, el beneficio es superior al que obtendrían si trabajan por separado (efecto sinérgico). Así, todos optan por realizar un juego cooperativo sin ejercer rivalidades, más allá del obvio reconocimiento de las ventajas competitivas de aquel jugador o grupo de jugadores que estarían en mejor posición de hacer una tarea en forma más eficiente que el resto. Si realizan bien el juego cooperativo, todos los grupos ganan. Si lo realizan mal, todos pierden. En el juego cooperativo no puede haber grupos que ganen y otros que pierden (como bien sería el caso de la teoría standard del juego no-cooperativ0 o competitivo donde la acción estratégica es emprendida por agentes independientes que quieren sacar la mayor ventaja individual de una negociación o relación).

Dado que el éxito del juego cooperativo depende en buena medida de la calidad de la coordinación (e información, como lo veremos más adelante), el grupo puede nominar un jugador que presente las mayores ventajas para ejercer esta función, o bien pueden delegarla en un tercer agente independiente. Hay que anotar que en esencia no se trata de un juego de especialistas en pleno empleo sino de un juego de tomadores de decisiones para la paz y desarrollo.

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El rompecabezas: pautas y piezas

Las pautas para construir el rompecabezas indican que: (i) hay que dividir la mesa de juego en cuatro cuadrantes; (ii) cada cuadrante tiene un grupo de juego conformado por la combinación de diversos miembros de los grupos participantes y un coordinador; (iii) los grupos por cuadrante disponen de todas las piezas y la mayor información posible para realizar su trabajo; (iv) los resultados y productos de cada grupo por cuadrante se juntan para obtener la imagen-objetivo final del rompecabezas, que no es otra cosa que el logro del pleno empleo en el municipio. Es decir, la tarea de todos los grupos por cuadrante es identificar el potencial de empleo productivo existente en el municipio y también las decisiones estratégicas que tendrían que tomar todos juntos para lograr ese objetivo. Los cuadrantes y sus principales características son los siguientes:

Cuadrante I: Recursos naturales y biodiversidad

Los miembros de este cuadrante deben dar una mirada y revisión cuidadosa a la localización y uso actual y potencial de los recursos naturales renovables y no renovables con que cuenta el municipio (suelos, sub-suelos, bosques, aguas, lluvias, vientos, peces, fauna y bio-diversidad). El grupo debe evaluar el estado del uso (sub-uso, equilibrio o sobre-uso) de los recursos productivos y determinar el nivel de absorción de mano de obra actual y potencial sobre la base de un uso y manejo planificado y sostenible de los mismos. El uso del suelo agrícola con fines ilícitos debe tener particular observación pues su cultivo debe desaparecer de la geografía agrícola del municipio y por ende, los jugadores deben encontrar alternativas laborales para sus cultivadores campesinos y jornaleros originarios del municipio. Igualmente, los suelos minados deben ser cuidadosamente identificados y también los suelos, bosques y faunas que no pueden tener ningún uso productivo y que por consiguiente deberán protegerse e impedir su utilización con fines no-conservacionistas.

Cuadrante II: Población, ocupación y patrones de asentamiento

Los miembros de este cuadrante deben establecer la relación entre la población del municipio con el medio físico natural y adaptado en términos de ocupación y patrones de asentamiento. Deben dar una mirada acuciosa al tema de la población económicamente activa (PEA) en el municipio por edad, sexo y su evolución futura; deben definir cuánta PEA está conformada por poblaciones residentes, desplazadas y desmovilizadas y su localización (urbana, peri-urbana y rural). También es necesario saber a qué se dedica la población ocupada por sectores y sitios geográficos y determinar cuánta población está desempleada, por edades y sexo y los tipos de desempleo (estructural, friccional, estacional, tecnológico, etc.). Hay que conocer cuáles son los niveles de educación y formación de la fuerza laboral, cobertura social y el régimen salarial. La situación actual y prospección de los adolescentes en edad laboral debe ser parte del análisis con especial observación de los desplazados y desmovilizados y poblaciones vinculadas a la economía de cultivos ilícitos, minería ilegal y a las bandas criminales. Los resultados de este ejercicio deben ser contrastados con los hallazgos del primer cuadrante para determinar la capacidad de absorción de fuerza de trabajo activa en el respectivo municipio vis-avis el uso actual y potencial de los recursos naturales.

Cuadrante III: Economía sectorial y empresarial

La tarea de los miembros de este cuadrante es mirar la actividad y dinámica sectorial y empresarial en el municipio. Cuántas empresas (formales e informales) existen en el municipio por sectores y su localización geográfica y qué cantidad de población está ocupada en esas empresas y actividades. A partir de la información obtenida por los grupos de los cuadrantes I y II, se debe identificar el potencial de expansión de las empresas existentes y de creación de nuevas empresas teniendo en cuenta los sectores económicos de mayor crecimiento hoy y en el futuro. El análisis sectorial productivo debe hacerse mediante un enfoque de cadenas de valor y análisis de conectividad de la economía empresarial local con los mercados nacionales e internacionales, en el camino de configurar metas de empleo por sector y ramas de actividad económica. También habrá que observar las actividades del sector público en el municipio, su estructura y rol ocupacional.

Cuadrante IV: Estrategias y politicas para la paz

Los miembros de este cuadrante deben mirar el marco de oportunidades que ofrecen las politicas públicas derivadas de los planes de desarrollo (nacional, sectorial y regional) y la estrategia postconflicto que el gobierno tendrá que diseñar para implementar los acuerdos de paz en función de los empleos que se generarán en el respectivo municipio. También, es enteramente importante mirar el municipio en función del contexto internacional y su rol en los acuerdos comerciales internacionales suscritos por el país. Los resultados y recomendaciones de la Misión Rural deben ser analizados a la luz de las realidades y potencialidades del municipio para sacar la mayor ventaja posible de las politicas de desarrollo rural y modernización agrícola que la Misión propone.

Recapitulando, la tarea de cada equipo por cuadrante es armar las piezas del rompecabezas y decir cuál sería la estrategia de optimización para alcanzar una situación de pleno empleo y estimar cuantitativamente el impacto en la ocupación laboral.

La suma o yuxtaposición de las visiones y conclusiones de cada equipo por cuadrante debe representar la imagen final del rompecabezas que se define como la visualización de una situación de pleno empleo con descripción de las estrategias para lograr este objetivo en el respectivo municipio.

Dado el estado de postración laboral y atraso tecnológico de la población económicamente activa en los municipios de paz, es obvio que la formación del capital humano debe estar en el centro de la estrategia de pleno empleo.

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El rompecabezas y la facticidad estadística

Ciertamente, la armada del rompecabezas requiere de la disposición y uso de abundantes bases estadísticas y mapas cartográficos y digitales a escala municipal. De mi conocimiento, buena parte de la información requerida para armar cada cuadrante está disponible en Colombia, así que la falta de información no la percibo como un gran problema.

Acaso, antes de realizar el juego, sea necesario disponer de una clasificación y jerarquización de todos los municipios del país para seleccionar aquellos que formarían la base de lo que denominamos ‘nuevos municipios de paz’. Es decir, aquellos que se reconocen como los municipios más afectados por el conflicto armado secular.

Hay varios ejercicios clasificatorios de municipios en el país realizados por diversas instituciones para atender una gran diversidad de necesidades de información, planificación y decisión. Dentro de ellos, quiero destacar un ejercicio estadístico preliminar realizado por el ICBF/OIM (2014) bajo mi orientación que permitió clasificar y jerarquizar a todos los municipios del país mediante la elaboración de un índice sintético compuesto de variables e indicadores geo-demográficos, orden público, desplazamiento forzoso, privación económica y potencialidades institucionales.

Al final, el índice permitió clasificar y jerarquizar al 99.6% de los municipios del país, ordenados desde el puesto 1 (mayor grado de afectación) al puesto 1.099 (menor grado de afectación). Los municipios fueron agrupados por cuartiles de afectación que van desde muy alto, alto, mediano y bajo. El cuartil 1 agrupó a 275 municipios con el mayor nivel de afectación, que pienso seria el punto de partida para la armada de los rompecabezas municipales. Es un ejercicio estadístico preliminar que bien podría ser enriquecido y complementado con la información estadística sobre empleo municipal disponible en el DANE, Planeación Nacional, SENA, FEDESARROLLO, administraciones departamentales y municipales.

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Los riesgos de no hacer bien las cosas

Quiero finalizar este escrito con una alerta temprana relacionada con los riesgos de no orientar la acción gubernamental hacia el objetivo del pleno empleo en la era postconflicto. Un primer riesgo lo presenta la economía ilegal auspiciada por el narcotráfico, la minería ilegal y las bandas criminales que operan como mercado laboral alternativo en todos los municipios del país y que están al acecho de los desempleados. Un segundo riesgo está en la preferencia política y tecnocrática de otorgar subsidios indiscriminados a la población desplazada y desmovilizada antes que dinamizar productivamente la economía y los mercados laborales y la formación de los recursos humanos. Un tercer riesgo es inhabilitar a los actores locales para que busquen sus propias soluciones a la espera de las respuestas globales del gobierno central. Todos estos riesgos juntos conforman la mayor conspiración contra la paz y la reconciliación.

* * Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. jairo@inafcon.com. Consultar también el libro del autor: ¿Qué es el postconflicto? Ediciones B. Bogotá, 2015

Lectura No 21: Pleno empleo en la era postconflicto

Diario El Nuevo Siglo
Artículo | Noviembre 8 y 17, 2015
Por Jairo Morales Nieto*

En un ensayo precedente titulado “Empleos dignos y responsabilidad social para la paz” (El Nuevo Siglo, Septiembre 13 y 27, 2015) hice una muy breve introducción inaugural al tema de la política de empleo para la paz desde una perspectiva histórica, ética y normativa que considero es fundamental para dar dirección y contenido estratégico a la acción gubernamental en la fase postconflicto que se aproxima.

En el presente ensayo me ocuparé de la cuestión del pleno empleo como uno de los objetivos principales de la política económica estándar y su relación con el proceso de transición hacia la paz y desarrollo en Colombia.

El núcleo central de este escrito gira alrededor de la pregunta de si el pleno empleo es un objetivo alcanzable en la era postconflicto y, de ser factible, bajo qué circunstancias y condiciones podría lograrse.

El ensayo parte de la definición estándar de la noción de pleno empleo y sus implicaciones en el pasaje de la guerra hacia la paz en Colombia. Luego hago una rápida revisión del contexto macroeconómico para indagar si por este lado el ambiente es favorable para alcanzar una situación de pleno empleo teniendo claro que la economía colombiana ha entrado en un ciclo coyuntural de naturaleza contractiva y rápida desaceleración, cuya duración, amplitud y profundidad es aún desconocida pero que no hay duda que va a incidir notablemente en los inicios de la era postconflicto.

Esta es la primera parte del ensayo. La segunda parte aparecerá en una próxima edición del Nuevo Siglo. Estará dedicada a los aspectos microeconómicos y estructurales del pleno empleo en la era postconflicto que considero es la dimensión más adecuada para entender el funcionamiento de los mercados laborales en los nuevos territorios de paz y la dinámica de la reinserción laboral productiva de miles de desplazados y desmovilizados que juntos conforman uno de los ejes centrales de la política de empleo para la paz.

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La noción de ‘Pleno Empleo’

En el ensayo anterior mencionado antes planteé la tesis de que la política de empleo para la paz para ser exitosa se debe edificar tras el objetivo (o hipótesis, si se quiere) del pleno empleo en todos los nuevos territorios de paz. Este concepto tiene una interpretación pura y otra aplicada.

La versión pura proviene de la economía política que define el pleno empleo como la utilización óptima de todos los recursos productivos con que cuenta un país (tierra, capital, fuerza laboral y conocimiento) en sus mejores usos alternativos haciendo todo ello en consonancia con la técnica y el desarrollo tecnológico disponible en el país correspondiente.

La versión aplicada de pleno empleo la utilizan los economistas clásicos para denotar la existencia de un equilibrio entre la oferta y demanda de un factor de producción en un mercado determinado. El equilibrio se expresa mediante un valor o precio que tiene el factor respectivo en dicho mercado.

En el caso particular del mercado del factor trabajo que es el tema que nos ocupa aquí, el pleno empleo laboral se define como una situación donde la tasa de desempleo (número de personas desocupadas como proporción del total de la fuerza laboral activa) es cercana a cero; es decir, hay un equilibrio dinámico entre la oferta y demanda de puestos de trabajo a un nivel de precios (salarios) determinado.

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Las definiciones y sus implicaciones

Estas definiciones las traigo aquí por dos razones muy importantes para iniciar mi exposición sobre el pleno empleo en la era postconflicto que no deja de tener ciertas complejidades conceptuales y teóricas, las cuales intentaré exponerlas a continuación de la manera más inteligible posible.

La primera razón es una puntualización contenida en el argumento de que tanto la versión pura como la versión aplicada del concepto de pleno empleo son nociones analíticamente indisolubles o inseparables pues resulta enteramente insuficiente, cuando no ingenuo, por ejemplo, armar una política de empleo laboral sin tener en cuenta el nivel y estado de desarrollo de los mercados de los otros factores de producción (tierras, capital, bienes y servicios, etc.) que al final son los que determinan el nivel global y parcial de ocupación en una economía dada. Hago esta puntualización pues en ocasiones he observado que algunos diseñadores y hacedores de las politicas de empleo obvian esta relación connatural y tratan, por ejemplo, la variable ‘empleo laboral’ desde una perspectiva parcial, reduciendo la política de empleo en sus alcances y consecuencias. Este enfoque parcial es inviable, más aun en tiempos de transición hacia la paz, pues sabemos que en este caso, el éxito de la política de empleo laboral está estrechamente asociado a la realización de un conjunto de reformas y ajustes estructurales para corregir fallas en el funcionamiento de los mercados de tierras (reforma agraria), los mercados financieros (acceso del sector reformado al crédito y bienes de capital) y los mercados de bienes y servicios (acceso del sector reformado a flujos comerciales locales y globales).

La segunda razón es una intranquilidad que me surge al notar que la noción aplicada de pleno empleo laboral no incluye a los denominados desempleados estructurales (aquellos trabajadores cuyas calificaciones y destrezas no satisfacen los requerimientos del mercado laboral) y tampoco a los desempleados friccionales (aquellos trabajadores que están moviéndose de un trabajo a otro dentro o fuera de un mismo sector de actividad económica). Es decir, la noción aplicada no incluye lo que Milton Friedman definió como ‘tasa natural de desempleo’ que es la cuota de desocupación en una economía de mercado cuya existencia – se asume – no afecta el equilibrio macroeconómico pues no ejerce presión sensible sobre los niveles de precios y salarios (dicha tasa natural de desocupación seria en EEUU [Ball & Makiw]: ≈ 5.7% y Colombia [Arango, Garcia y Posada]: ≈ 10.8%, según cálculos promedios de estos autores para periodos largos de observación). En su tiempo, Karl Marx calificaba dicha tasa como ‘ejercito industrial de reserva’, haciendo referencia al nivel natural de desempleo que requiere una economía capitalista para su existencia y reproducción.

Dadas las características de baja calificación y rezago tecnológico de la población desplazada y desmovilizada y, su condición de fuerza de trabajo desempleada o sub-empleada, con pocas posibilidades de reintegrarse eficientemente al mercado de trabajo en el corto plazo por su baja productividad marginal, pregunto: ¿podríamos considerar a esta población desplazada y desmovilizada como parte de los desempleados estructurales y, por ende, como parte de la tasa natural de desocupación? Si es así, entonces estamos frente a un doble desafío. Por un lado, el reto de poner esta población en sintonía con los requerimientos de los mercados laborales (rurales y urbanos) en materia de capacitación y formación laboral lo cual va a exigir un monumental esfuerzo en inversión y formación de capital humano. Por otro lado, el desafío teórico de ocupar grandes masas de desempleados estructurales (desplazados y desmovilizados) sin que se produzcan graves desórdenes en el equilibrio del mercado laboral, el nivel de salarios y la tasa de inflación por efecto de la enorme inversión en creación de empleos productivos y en formación y re-adiestramiento de esta fuerza laboral. Es un tema que desde luego no lo voy a debatir aquí pero lo planteo en mi afán por encontrar respuestas de los macroeconomistas y especialistas en economía laboral que sirvan para mejorar la calidad e impacto de la política de pleno empleo en la era postconflicto (aquí me refiero particularmente a los autores del excelente libro El Mercado de Trabajo en Colombia, editado por L.E. Arango y F. Hamann bajo el auspicio del Banco de la Republica, 2012, que sugiero deberían repensar sus conspicuos análisis en función de la era postconflicto).

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Una rápida revisión del contexto macroeconómico actual

Este breve ejercicio de revisión lo hago en la búsqueda de una respuesta convincente a la obvia pregunta de si existe un buen ambiente macroeconómico y financiero para impulsar una política de pleno empleo para la paz, teniendo en cuenta el inicio reciente de un ciclo coyuntural contractivo de la economía colombiana cuya duración, amplitud y profundidad aún se desconoce.

Mi primera reacción a esta pregunta es positiva pues considero que hay razones para tener buenas expectativas a partir de la observación de un conjunto de tendencias seculares que favorecen el logro del pleno empleo; pero también debo reconocer que el curso de las tendencias positivas no es lineal y está amenazado por diversos escenarios de riesgo. Sobre estos planteamientos me gustaría conversar a continuación.

Tendencias seculares favorables para el pleno empleo

Aparte de reconocer que las crisis hay que entenderlas también como oportunidades, veo con claridad que existen tres fuerzas o tendencias seculares coincidentes en el camino hacia el pleno empleo.

La primera fuerza emana de un axioma de la historia de los procesos posbélicos que habla de la existencia de una relación positiva entre las variables <paz y empleo> y < paz y crecimiento económico> tal como lo discutimos en otros ensayos. Asumo entonces que la historia será leal con el caso colombiano y no nos hará ninguna mala pasada.

La segunda fuerza está medida por el buen comportamiento y resultados registrados por la macroeconomía colombiana en lo corrido del Siglo XXI (en términos de crecimiento económico, solvencia fiscal y financiera, inflación controlada y desempleo decreciente), tendencia que espero se mantendrá vigorosa por algún tiempo por su propia inercia, aun contando con los fuertes embates cíclicos coyunturales actuales.

Finalmente, la tercera fuerza se sostiene en la solvencia técnica e idoneidad de las instituciones y autoridades macroeconómicas colombianas que no tengo duda harán un esfuerzo conspicuo para alcanzar un equilibrio dinámico entre el precio político y el precio económico de la paz en los términos que expuse en un anterior ensayo publicado en mi libro ¿Qué es el Postconflicto? Ediciones B, Abril 2015.

Escenarios de riesgo para el pleno empleo

Como mencioné antes, la acción de las tendencias seculares y de las fuerzas que las impulsan no es lineal y por tanto no hay que esperar resultados automáticos e imperturbables. Sin pretender hacer ningún tipo de ‘horoscopía’ económica, invito al lector a considerar los siguientes escenarios de riesgo que correrían en trayectorias de corto, mediano y largo plazo, manteniendo eso si la idea de sacar ventaja de los riesgos para avanzar hacia una situación de pleno empleo.

Escenario de alto riesgo (menos de un año). En el corto plazo, el tema de la inversión en bienes de paz (incluida la inversión en empleo productivo) estará expuesta a muchas dificultades derivadas de la crisis actual del sector minero-energético proveedor del mayor caudal de ingresos para las finanzas públicas que – como sabemos- se han visto mermadas casi a la mitad de los montos proyectados por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el cual, hay que decirlo, virtualmente nació desactualizado en sus metas macroeconómicas y proyecciones de ingresos y gastos. La crisis del sector minero-energético significa menos ingresos públicos y menos inversión privada, lo cual traerá visibles consecuencias en la administración de la política fiscal, monetaria y cambiaria en materia del control del déficit fiscal, tasas de interés, inflación y fluctuaciones de las tasas de cambio, principalmente. Será un periodo muy crítico para la generación de empleo, a menos que desde ya (antes de la firma de los acuerdos de paz) se hagan las previsiones presupuestales e instrumentales necesarias para enfrentar la emergencia del retorno, capacitación y ocupación productiva de cientos de miles de desplazados y desmovilizados que querrán regresar a sus lugares de origen y, también, para capacitar y ocupar dignamente a aquellos que deciden quedarse en los lugares donde migraron dentro del país. Pienso que hoy es el momento de establecer y poner en funcionamiento el ‘Fondo Fiduciario para la Paz’ en los términos que propuse en mi ensayo sobre “La estrategia financiera para la paz” contenido en mi libro antes mencionado y, para poner en marcha un gran programa de capacitación laboral como lo expondré en detalle en el próximo escrito.

Escenario de riesgo moderado (entre uno y cinco años). En el mediano plazo, el contexto macroeconómico puede tornarse más propicio para la paz por la acción de las reformas estructurales pactadas en La Habana y los ajustes anti-cíclicos que el gobierno necesariamente tendrá que hacer para contrarrestar las fuerzas recesivas y la desaceleración económica. Seguramente, este periodo podrá verse favorecido por los siguientes eventos de naturaleza macroeconómica y sectorial: (i) reducción gradual del gasto militar para aumentar la inversión en bienes de paz; (ii) logro de una mayor disponibilidad de recursos de financiamiento provenientes de impuestos, empréstitos internacionales, remesas, donaciones y contribuciones nacionales e internacionales para la paz; (iii) mejora de las cuentas externas e ingresos fiscales por la reactivación del sector exportador y el turismo interno e internacional estimulados por la devaluación del peso y los acuerdos de paz; (iv) estabilidad en los precios internacionales para la oferta agrícola exportable, no afectada por la crisis internacional de precios de las materias primas y las tendencias de contracción mundial; y, (v) aceleración de la dinámica inversionista pública particularmente en infraestructura vial, transporte, construcción de vivienda e inversión social en general, derivada del impulso remanente del ciclo de auge económico que quedó atrás y las premuras del gobierno por finalizar con buena nota su administración. El impacto de estos eventos en la generación de empleos para la paz puede ser sensible si hay una temprana y efectiva articulación de sus consecuencias con la estrategia postconflicto y su implementación, particularmente a nivel local.

Escenario de bajo riesgo (a lo máximo 10 años). En el largo plazo, considero que son más importantes las visiones que las predicciones. En esta dirección pienso que los riesgos para alcanzar una situación de pleno empleo podrán hacerse mínimos si los colombianos aprovechamos la transición hacia la paz como una oportunidad excepcional que nos ofrece la historia para hacer serios ajustes y transformaciones en la base económica y estructura productiva del país. La recesión del sector minero-energético nos debe servir para balancear mejor el peso relativo de cada uno de los sectores en la economía y evitar en el futuro una dependencia desproporcional de los ingresos generados por un solo sector, con las consecuencias negativas que estamos observando. La recomposición de la base económica ciertamente debe considerar el impulso de dos procesos paralelos y simultáneos: uno, es la modernización de la agricultura y, otro, la re-industrialización buscando elevar la productividad y competitividad internacional de ambos sectores como los mejores antídotos contra la enfermedad holandesa. Ahora bien, este enfoque suena interesante pero sería muy parcial e insuficiente, si no consideramos el enorme potencial que tiene el país en materia del uso y manejo de las fuentes de recursos energéticos no convencionales (energías limpias), los recursos naturales renovables y la excepcional biodiversidad de Colombia donde están depositadas las mayores fuentes de ingreso y ocupación laboral tanto para el día de hoy como para el futuro, claro está, en la medida que ese potencial se inserte de manera sostenida en las corrientes de investigación científica, producción comercial sostenible y turismo ecológico, temático y cultural, todo ello a nivel local y global. Tampoco se podrá avanzar mucho sin la introducción amplia y profunda de la economía del conocimiento entendida como la producción de bienes y servicios creativos e innovativos respaldada por patentes y derechos de propiedad intelectual. Hacia esas direcciones, creo que debemos orientar todos nuestros esfuerzos en la era postconflicto.

En suma, en el largo plazo, la estrategia de pleno empleo para las áreas de paz hace una metamorfosis para convertirse en una estrategia global de pleno empleo para la construcción de la nueva economía y sociedad que ambicionamos.

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. jairo@inafcon.com. Consultar también el libro del autor: ¿Qué es el postconflicto? Ediciones B. 2015

Lectura No 20: Empleos dignos y responsabilidad social para la paz

Por: Jairo Morales Nieto*
Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Suráfrica. Septiembre 2015

En la serie de diez y ocho ensayos que he escrito sobre la sociedad postconflicto, muy generosamente publicados por el Nuevo Siglo desde comienzos del 2013 y pulcramente compilados por Ediciones B en el libro: ¿Qué es el postconflicto? (Abril, 2015), le he dado poca visibilidad al tema de la política de empleo para la paz, que día a día se torna más importante ante la proximidad de la firma de los acuerdos de paz. En este ensayo me ocuparé de este tema que es central en la teoría y práctica de la política económica de empleo y su aplicación en contextos de transición hacia la paz y desarrollo.

El ensayo consta de cuatro breves secciones. En la primera intentaré exponer una tesis general sobre la relación positiva entre los conceptos de paz y empleo que es clave para entender mejor las oportunidades y desafíos que debemos enfrentar. Luego relacionaré estos conceptos con dos paradigmas modernos que hablan de la creación de ‘empleos dignos’ y la proclama de la ‘responsabilidad social’, los cuales dan contenido ético y orientación normativa a la política de empleo cualquiera sea el contexto de aplicación de la acción pública. En la tercera parte haré una breve referencia al tema de la política de empleo para la paz como parte esencial de la política económica de bienestar. Finalmente, expondré algunas argumentaciones metodológicas que sirvan para el diseño de estrategias y politicas de empleo a nivel local utilizando los enfoques y argumentaciones expuestas en las secciones anteriores.

Es un artículo inaugural de un tema que – anticipo – demandará más ampliación y profundización de mi parte en próximos escritos.

*** Paz y Empleo

Conforme a una consideración histórica, existe una relación positiva entre los conceptos de paz y empleo en contextos posbélicos. Esta consecuencia se percibe obvia pues sabemos que el logro de una condición de estabilidad política y seguridad ciudadana estimula la re-utilización de recursos ociosos o desperdiciados por causas de las guerras (tierra, capital, fuerza de trabajo y conocimiento) para aplicarlos en sus mejores usos alternativos, de modo que cuando estos factores reingresan plenamente al circuito productivo, se hacen más escasos y por ende adquieren y generan más valor del que tenían durante los tiempos de confrontación violenta. Un incremento de la actividad productiva en pos de la reconstrucción económica incide entonces en la oferta y demanda de un mayor número de puestos de trabajo y trabajadores y, por consiguiente, en un descenso en las tasas de desempleo en los mercados correspondientes.

Este axioma ciertamente ofrece una promisoria perspectiva para la evolución de los mercados laborales en los nuevos territorios de paz en Colombia que bien pueden comprender algo así como la quinta parte del universo municipal del país y una proporción importante de la población económicamente activa residente y/o desplazada de esos municipios por efecto de la guerra.

Claro está que estos no son resultados automáticos que surgen de la noche a la mañana por la mera firma de los acuerdos de paz o por efecto de la ‘mano invisible’ que según Adam Smith mueve las sociedades de mercado. Lo que la historia económica también nos enseña es que la reactivación de los mercados laborales en los nuevos territorios de paz está asociada a acciones gubernamentales estratégicamente bien concebidas, planeadas y concertadas en conjunto con el sector laboral y el sector empresarial. Desde luego, esta concertación es posible si existe la voluntad política para emprenderla y se dispone de buen conocimiento sobre las características y dinámicas de los mercados laborales particularmente a nivel local.

*** Dos paradigmas a observar

Hay que subrayar que en el trasfondo de toda esta discusión sobre la acción gubernamental hay dos paradigmas modernos de la sociedad de mercado que se presentan excepcionales para hacer de la política de empleo para la paz un acto genuino de reconciliación y bienestar global.

Por un lado, está el paradigma de la creación de empleos dignos o decentes para salir de la pobreza y mejorar la equidad social que en el lenguaje de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) significa “contar con oportunidades de trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres”. Este paradigma se ha tornado ya en una agenda pública internacional plenamente integrada a los “Objetivos de Desarrollo del Milenio” (2000) y a otros compromisos de la sociedad mundial consagrados en la Declaración sobre “Justicia Social para una Globalización Justa” (2008), donde Colombia aparece como país signatario de los acuerdos.

Por otro lado, está el paradigma de la responsabilidad social como la máxima expresión de la ética empresarial moderna y del desarrollo sostenible entendido como la creación de ecosistemas empresariales que contribuyan a la estabilidad política y a la mejora de las condiciones de bienestar de la población bien sea laboral o adyacente a las empresas. Responsabilidad social empresarial significa ir más allá del objetivo de maximización de ganancias mediante la expansión de los beneficios de los negocios hacia la sociedad donde éstos operan, conformada bien por trabajadores, consumidores, proveedores y/o comunidades. Hay ya un movimiento mundial y nacional en ascenso asociado a la promoción y realización de este paradigma de la responsabilidad social en la búsqueda de “hacer que los negocios también trabajen para los pobres” en el lenguaje de las Naciones Unidas.

La fusión de estos dos paradigmas en un solo cuerpo de doctrina ofrece un marco conceptual excepcional para el diseño de politicas de empleo orientadas a la construcción de la paz y reducción de las inequidades sociales. Esto se concluye pues los dos paradigmas, además de expresar principios éticos fundamentales para el buen funcionamiento de la sociedad de mercado, tienen su contrapartida política -como se mencionó antes- en muy serios compromisos y alianzas de la sociedad global representada por gobiernos, empresarios y sindicatos, que siempre hay que recordar y aprovechar para hacerlos realidad.

No sobra subrayar en este escrito sobre la importancia que estos paradigmas tienen para la reconstrucción de los mercados laborales en las áreas de conflicto en el país, donde además de las pérdidas masivas de empleo por cuenta de la guerra y los masivos desplazamientos forzosos, ha quedado en evidencia en muchos casos y sitios la existencia de una asociación nefasta y perversa entre la actividad empresarial legal e ilegal y la promoción de la guerra y el despojo de los más pobres y débiles.

La aplicación de estos paradigmas y sus principios en la política de empleo para la paz será sin duda un magnifico comienzo para revertir tendencias y cambiar el curso de esta parte oscura y trágica de la historia laboral y empresarial en Colombia.

*** Basamentos de la política de empleo para la paz

Del reconocimiento y aceptación de los dos paradigmas enunciados podemos sentar el argumento de que la política de empleo para la paz no debe entenderse entonces como la búsqueda de un mero incremento en el número de jornaleros, obreros u otro tipo de personal asalariado para las fincas, fábricas, comercio, servicios personales y la construcción de obras públicas, como se suele pensar.

La política de empleo para la paz además de ir tras el logro del ‘pleno empleo’ como objetivo de la política económica estándar, debe ser una operación que contribuya a la re-estructuración de los mercados laborales en las áreas de postconflicto a partir de la creación de empleos dignos que satisfagan las necesidades y expectativas de la oferta laboral y la proyección de la responsabilidad social empresarial para mejorar las oportunidades y condiciones de la demanda laboral.

Solo así, cuando se establece una ecuación de igualdad entre la dignificación laboral y la sensibilidad empresarial, se puede decir que se tiene una política de empleo para la paz solidaria que al final conlleve a la reconciliación entre la población laboral y la población empresarial, es decir, entre los patronos y los obreros.

En el medio de toda esta discusión normativa relacionada con principios y fines de la política económica de empleo para la paz, no debemos dejar pasar por alto el abordaje de un tema catalítico que tiene que ver con la búsqueda de una relación equilibrada entre los objetivos de equidad y eficiencia en los términos que expuse en dos previos ensayos que escribí para este Diario sobre ‘La economía del bienestar y la paz’ (Junio 23, 2013) y sobre ’La dimensión del bienestar de la nación y la paz’ (Febrero 21, 2015).

Menciono aquí de nuevo esta relación entre los objetivos de equidad y eficiencia por dos razones. Primero, porque pienso que siempre debemos tener en mente que hay que buscar la equidad distributiva pero cuidando no afectar negativamente la eficiencia productiva y viceversa. En este sentido, la política económica de empleo para la paz debe propender por la creación de trabajo productivo que incremente la productividad y competitividad de las empresas y de la economía en general para lograr un mayor producto social a distribuir entre todos los miembros de la sociedad.

La segunda razón proviene de una interesante tesis desarrollada por Anthony Atkinson, expuesta en su más reciente obra “Inequality. What can be done?” London, 2015. (Traducción: “Inequidad. ¿Qué se puede hacer?”). Este prominente autor hace una importante constatación histórica al analizar estadísticamente la relación entre empleo y equidad en el periodo de la postguerra en Europa. Uno de sus principales hallazgos es que el descenso del desempleo en los periodos inmediatos que siguieron a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, coincidió con una caída durante un tiempo relativamente prolongado (1945-1970) de la inequidad económica en el Reino Unido y Europa. En otras palabras, la reconstrucción del Viejo Continente sirvió no solo para bajar drásticamente las tasas de desempleo sino también para reducir desigualdades sociales. A partir de este hallazgo, Atkinson invoca la necesidad de aprender de la historia para hacer politicas de empleo que incrementen la equidad y no la deterioren como parece ser la contra-tendencia actual en Europa y Estados Unidos.

Me pregunto, ¿Por qué no aprovechar esta lección de la historia para hacer en Colombia una genuina política de empleo en las nuevas áreas de paz que a la vez que incremente la ocupación productiva eleve la equidad distributiva? Como lo menciona Atkinson, este suceso debe ser el resultado de claras voluntades politicas y del uso de mecanismos ecualizadores que impulsen las politicas públicas hacia la construcción de sociedades de mercado más justas y equitativas. Encontramos aquí entonces un nuevo gran desafío que tenemos por delante todos los colombianos en la era postconflicto.

*** Algunas argumentaciones metodológicas

Para no hacer muy retórico mi discurso (en el buen sentido aristotélico), quiero pasar ahora a hacer un escrutinio metodológico de algunas tesis que sirvan para orientar el diseño de una política de empleo para la paz.

Primero, la política de empleo para la paz –por razones de efectividad- debe formularse para los territorios (municipios) directamente afectados por el conflicto armado secular y, en particular, para aquellos que presentan el mayor porcentaje de población desplazada que desea retornar a sus lugares de origen.

Segundo, la política de empleo para la paz cubre a toda la población económicamente activa en el municipio seleccionado indistintamente de si se trata de poblaciones desplazadas, retornadas o desmovilizadas. Obviamente, estos grupos de población deben ser sujetos de programas especiales orientados a su ocupación plena y a cerrar brechas y rezagos tecnológicos que contribuyan a su rehabilitación y reinserción laboral en el corto plazo.

Tercero, la política de empleo para la paz debe tener un enfoque rural-urbano amplificado y no estrictamente agrícola pues la creación de empleo abarca muchos sectores y ramas de actividad económica en la agricultura, industria, comercio, turismo, construcción, transporte, servicios financieros y otros (información, investigación, asistencia técnica y formación y capacitación laboral, etc.).

Cuarto, la política de empleo para la paz debe identificar cuáles son los sectores más dinámicos y de mayor absorción laboral para orientar la formación de la fuerza de trabajo hacia esos sectores considerando no solo a los sectores convencionales sino aquellos asociados a la economía verde y a la economía del conocimiento que tienen gran potencial de expansión hacia el futuro.

Quinto, la política de empleo para la paz debe estar orientada a construir o reconstruir mercados laborales atendiendo tanto el lado de la demanda como de la oferta laboral en la búsqueda de la ampliación de la capacidad productiva de los territorios mediante la creación de más empresas (pequeñas, medianas y grandes) y actividades productivas y servicios a la producción. Los programas de reforma agraria y desarrollo rural cumplen un papel muy importante en este contexto pues tienen que ver con la aparición de nuevas empresas agrícolas, empresarios y trabajadores.

Sexto, la política de empleo para la paz debe tener en cuenta diversos tipos de desempleo (estructural, friccional, cíclico, estacional, tecnológico, etc.) y no solo uno de ellos, pues en la práctica, todas estas modalidades están presentes y en convivencia en cualquier municipio. Este planteamiento invita a hacer estudios cuidadosos sobre los mercados laborales en los nuevos municipios de paz por tipo de desempleo, su distribución por sexos, grupos etarios, niveles de educación y otras variables relevantes.

Séptimo, la política de empleo para la paz debe estar estrechamente asociada a los centros de educación formal y tecnológica asegurando que los egresados de estos planteles sean absorbidos rápidamente por los mercados locales y extra-regionales y que estos planteles también sirvan para que la población laboral que está activa en sus puestos de trabajo no se estanque y esté al tanto de los nuevos desarrollos tecnológicos.

Octavo, la política de empleo para la paz debe crear instituciones locales (normas, organizaciones, centros de formación e información, asesoramiento, etc.) que ayuden a tener más conocimiento sobre la dinámica de los mercados laborales y a hacerlos más transparentes y eficientes a través de una adecuada intermediación entre la oferta y la demanda laboral.

***

La lista de temas para abordar resulta más copiosa si incluimos más tesis sobre el rol de los gobiernos, los sindicatos y las elites locales en la construcción e implementación de la política de empleo para la paz. En próximos artículos nos ocuparemos de estos apasionantes asuntos en un esfuerzo por pasar del análisis de la economía normative hacia la economía aplicada y la economía experimental.

* Doctor en Economía. Experto Internacional en Paz y Desarrollo. Ciudad del Cabo, Sudáfrica. jairo@inafcon.com. Consultar también el libro del autor: ¿Qué es el postconflicto? Ediciones B. Bogotá, 2015

Jairo Morales Nieto "Lecturas sobre Paz y Desarrollo"

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Lectura No 29 : ¿Cambio de paradigma de desarrollo?

Lectura 28: El Sí, preponderante histórico y generacional (II)

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¿Qué es una generación?

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Lectura 27: El Sí, preponderante histórico y generacional (I)

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¿Qué es la dialéctica?

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¿Qué nos dice la dialéctica de la historia?

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Confesiones personales

Lectura 26: Ética y pedagogía de paz (III)

Por: Jairo Morales Nieto*
Artículo/ Juio 17, 2016
Especial para el Diario El Nuevo Siglo
Ciudad del Cabo, Sudádrica

¿Cómo comunicar la nueva ética de paz?

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Lectura 25: Ética y pedagogía de paz (II)

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